MADRID, 9 Oct. (EUROPA PRESS) -
La Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos (ACNUDH) han lanzado conjuntamente la guía 'Salud mental, derechos humanos y legislación: orientación y práctica' para promocionar una atención de salud mental comunitaria más eficaz, poner fin a las prácticas coercitivas y potenciar un enfoque de salud mental basado en los derechos.
Esta guía, publicada en vísperas del Día Mundial de la Salud Mental, que se celebra este martes, 10 de octubre, se ha hecho para ayudar a los países a reformar la legislación y poner fin a los abusos contra los derechos humanos aumentando el acceso a una atención de salud mental de calidad.
"La salud mental es un componente integral y esencial del derecho a la salud. Esta nueva guía ayudará a los países a realizar los cambios necesarios para brindar atención de salud mental de calidad que ayude a la recuperación de una persona y respete su dignidad, empoderando a las personas con problemas de salud mental y discapacidades psicosociales para que lleven una vida plena y saludable en sus comunidades", ha declarado el director general de la OMS, el doctor Tedros Adhanom.
Por su parte, el Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Volker Türk, explica que su ambición es "transformar los servicios de salud mental, no solo en su alcance, sino en sus valores subyacentes, para que realmente respondan a las necesidades y la dignidad del individuo".
Esta guía tiene entre sus objetivos potenciar los servicios de atención comunitarios ya que, aunque la mayor parte del gasto público declarado en salud mental se asigna a hospitales psiquiátricos (43% en países de altos ingresos), la evidencia muestra que los servicios de atención comunitarios son más accesibles, rentables y eficaces en contraste con los modelos institucionales de atención de salud mental.
De esta manera, la guía establece lo que se debe hacer para acelerar la desinstitucionalización e incorporar un enfoque comunitario basado en los derechos a la atención de salud mental. Esto incluye la adopción de legislación para reemplazar gradualmente las instituciones psiquiátricas con sistemas de apoyo comunitario inclusivos y servicios generales, como apoyo a los ingresos, asistencia para la vivienda y redes de apoyo entre pares.
Por otro lado, pretende poner fin a las prácticas coercitivas en salud mental -como la detención involuntaria, el tratamiento forzado, el aislamiento y las restricciones-, que es esencial para respetar el derecho a tomar decisiones sobre la propia atención médica y opciones de tratamiento.
Además, un creciente conjunto de pruebas demuestra cómo las prácticas coercitivas impactan negativamente la salud física y mental, agravando a menudo la condición existente de una persona y al mismo tiempo alejándola de sus sistemas de apoyo.
Por ello, la guía propone disposiciones legislativas para poner fin a la coerción en los servicios de salud mental y consagrar el consentimiento libre e informado como base de todas las intervenciones relacionadas con la salud mental. También proporciona orientación sobre cómo se pueden manejar casos más complejos y desafiantes en la legislación y las políticas sin recurrir a prácticas coercitivas.
Reconociendo que la salud mental no es responsabilidad exclusiva del sector de la salud, la nueva guía está dirigida a todos los legisladores y responsables de políticas involucrados en la redacción, modificación e implementación de leyes que afectan la salud mental, como las leyes que abordan la pobreza, la desigualdad y la discriminación.
El documento también proporciona una lista de verificación que los países utilizarán para evaluar si la legislación relacionada con la salud mental cumple con las obligaciones internacionales de derechos humanos. Además, la guía también establece la importancia de consultar a personas con experiencia vivida y a sus organizaciones representativas como parte crítica de este proceso, así como la importancia de la educación pública y la concienciación sobre cuestiones basadas en derechos.
Si bien la guía propone un conjunto de principios y disposiciones que pueden reflejarse en la legislación nacional, los países también pueden adaptarlos a sus circunstancias específicas (contexto nacional, idiomas, sensibilidades culturales, sistemas legales, etc.), sin comprometer los estándares de derechos humanos.
