Incluye un artículo que refuerza las garantías en el ámbito de la salud mental
MADRID, 15 Jul. (EUROPA PRESS) -
El Consejo de Ministros ha aprobado este martes, en segunda vuelta, el proyecto de ley para reformar la Ley de promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, y la Ley General de Derechos de las Personas con Discapacidad y de su Inclusión Social y ha autorizado repartir 783,2 millones de euros entre los gobiernos autonómicos para financiar el nivel acordado del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD).
Dentro de la reforma, presentada en rueda de prensa por el ministro de Derechos Sociales, Consumo y Agenda 2030, Pablo Bustinduy, se ha incluido un artículo que refuerza las garantías en el ámbito de la salud mental, alineando la legislación española con la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (CDPD).
La norma también recoge que toda actuación sanitaria o asistencial en salud mental deberá basarse en el consentimiento libre e informado, conforme a la Ley 41/2002, por lo que se deberá garantizar el acompañamiento adecuado en caso de que la persona necesite ayuda para decidir.
En el caso de que esta no pueda expresar su voluntad ni con apoyos, deberán ser consultados los documentos de instrucciones previas o planificación anticipada de decisiones inscritos en los registros correspondientes.
Los internamientos involuntarios por razón de discapacidad serán prohibidos, excepto si se trata de "urgencias vitales" que pongan en peligro la vida del paciente o de terceras personas.
En cualquier caso, cuando se produzcan estas situaciones se deberá dejar constancia escrita del motivo, las alternativas exploradas y la información proporcionada al paciente, en base a la Ley de Enjuiciamiento Civil.
USO DE CONTENCIONES MECÁNICAS DE FORMA "EXCEPCIONAL"
La ley también prevé que las contenciones mecánicas solo puedan usarse de forma "excepcional", y será consideradas como incidentes de seguridad que deberán ser evaluadas posteriormente.
Otras medidas que serán prohibidas son las intervenciones involuntarias aplicadas sin una evaluación individualizada; el mantenimiento injustificado de medidas involuntarias; el uso de medidas involuntarias con fines punitivos o disciplinarios; o la aplicación de procedimientos regimentales a personas con problemas de salud mental, estén o no privadas de libertad.
Asimismo, se obligará a las administraciones a promover protocolos que garanticen tanto la intimidad como la seguridad del paciente, así como el respeto a sus derechos, con "especial atención" a la dignidad personal, durante los internamientos.
Para velar por el cumplimiento de todas estas medidas se crearán mecanismos u organismos independientes, que se encargarán de garantizar el respeto a los Derechos Humanos de las personas con problemas de salud mental.
Del mismo modo, se ha planteado revisar el artículo 763 de la Ley de Enjuiciamiento Civil, que actualmente permite internamientos involuntarios, que deberá ser modificado y adaptado a los estándares internacionales en el periodo de un año.
"LA REFORMA DE MAYOR CALADO DE ESTA LEGISLATURA"
La aprobación en el Consejo de Ministros supone el inicio de su tramitación parlamentaria, y tendrá que ser aprobada ahora en el Congreso de los Diputados; Bustinduy ha calificado el texto como "la reforma de mayor calado de esta legislatura".
Entre otras modificaciones, el nuevo texto recoge el reconocimiento automático de un 33% de discapacidad a las personas a las que se les asigne un grado I de Dependencia y, como novedad, en esta segunda vuelta, se ha incorporado que las personas que obtengan un grado II o III de dependencia tendrán una pasarela para ser reconocidas con el 65% de discapacidad.
Las novedades de esta segunda vuelta incluyen la obligación de garantizar la accesibilidad en el patrimonio histórico y cultural, estableciendo la obligación de las administraciones competentes de adoptar medidas de accesibilidad física y cognitiva (lectura fácil, pictogramas y tecnologías de apoyo).
Además, se suprime el régimen de incompatibilidades en las prestaciones de la dependencia que se introdujo en el año 2012 y elimina el plazo suspensivo máximo de dos años en las prestaciones económicas para cuidados en el entorno familiar.
La reforma incluye una extensión del servicio de ayuda en el domicilio a actuaciones que van más allá del ámbito doméstico para que la persona cuidadora pueda acompañar a la persona usuaria en otras actividades como ir al médico o a hacer la compra.
Asimismo, se amplía la prestación económica para cuidados en el entorno familiar, dando reconocimiento a los que prestan las personas allegadas, respondiendo así a las necesidades de las personas que viven solas o con otros convivientes.
El proyecto de ley reconoce la teleasistencia como un derecho universal para todas las personas en situación de dependencia y eleva a rango de ley el carácter complementario de la misma, estableciendo que no puede ser considerada como única prestación, sino que debe combinarse con otros apoyos. También se permite a personas que viven en residencias recibir este servicio.
Entre los nuevos servicios que incluye el catálogo, destacan: cuidados y apoyos en viviendas compartidas; el préstamo de productos de apoyo como sillas de ruedas eléctricas, andadores, camas articuladas o asistentes de voz, y servicios de asistencia personal.
Por otro lado, entre los nuevos derechos que refleja la reforma, se contempla que la persona usuaria tenga derecho a decidir sobre las prestaciones y los servicios que reciba, y a permanecer en el entorno elegido o a recibir una atención libre de sujeciones físicas, mecánicas, químicas o farmacológicas, y el derecho a la atención sanitaria a personas en situación de dependencia sea cual sea el lugar en el que viva, incluyendo las residencias.
Esto se hará, según ha explicado Derechos Sociales, estableciendo las bases para que los gobiernos autonómicos implementen procedimientos de coordinación entre sus servicios sanitarios y sociales. De esta manera, indica, se ofrecerá una atención integral que combine ambas áreas y se podrá evitar lo ocurrido durante la pandemia del COVID-19 en algunas residencias de personas mayores.
El texto introduce la posibilidad de que una persona en situación de dependencia en grado II o III pueda recibir una prestación o un servicio transitorio que se adapte a su voluntad, deseos y circunstancias cuando no pueda acceder de inmediato al recurso que ha solicitado y que le corresponde por grado.
Por ejemplo, si una persona pide acceder a una residencia que está cerca de su casa, pero no hay plazas, durante el tiempo que está en lista de espera tendrá opción a recibir una prestación alternativa acorde con su grado, como podría ser la ayuda en el domicilio. Igualmente, será posible compatibilizar el acceso al empleo con los servicios y prestaciones del sistema.
Otra novedad es que los centros de día prestarán apoyos también fuera de sus instalaciones, atendiendo en sus propios domicilios o en espacios de su entorno a aquellas personas usuarias que vivan cerca y lo requieran.
En caso de fallecimiento de la persona en situación de dependencia, la prestación económica para cuidados en el entorno familiar se abonará hasta el último día del mes en que se produzca el deceso como "un gesto de reconocimiento y respeto hacia quienes cuidan".
Además, la ley subraya que para ofrecer una atención de calidad, continuada y segura, las trabajadoras deben tener condiciones laborales dignas, estables y profesionalizadas. El Ministerio calcula que para 2030 el Sistema de la Dependencia necesitará, al menos, 260.000 trabajadoras más para asegurar su sostenibilidad.
