MADRID, 3 Mar. (EUROPA PRESS) -
La Confederación Española de Familias de Personas Sordas (FIAPAS) ha pedido al Ministerio de Sanidad y a las comunidades autónomas que establezcan una base de datos integrada en el Sistema Nacional de Salud (SNS) que recoja los resultados de la aplicación del Programa de Detección Precoz de la sordera infantil en todo el Estado y, a partir de la información obtenida, documentar la epidemiología y orientar la planificación de políticas públicas destinadas a promover la plena inclusión de las personas con sordera.
Y es que, según la Organización Mundial de la Salud (OMS), solo el 38 por ciento de la población mundial tiene acceso a programas de detección precoz de la sordera, de los cuales la mayor parte viven en países desarrollados. En este sentido, España es un país referente en esta materia por la implantación de su Programa de Detección Precoz de la hipoacusia infantil, aprobado en 2003 para todo el Estado, que funciona con una alta tasa de eficacia.
Sin embargo, en la actualidad no existe una fuente donde los organismos públicos que lo requieran puedan informarse de datos básicos, como pudiera ser la incidencia de la hipoacusia congénita detectada en un periodo concreto en España o su prevalencia, para poder prever y poner en marcha las políticas públicas de atención sanitaria, educativa y social necesarias, dirigidas a las personas sordas y sus familias e indispensables, en el caso de los menores, para minimizar el impacto de la pérdida de audición en la adquisición del lenguaje y en el desarrollo infantil, en sus logros educativos y su bienestar socioemocional.
En este mismo sentido, la Federación Europea de Padres de Niños con Discapacidad Auditiva (FEPEDA), de la que FIAPAS forma parte, y la Coalición Mundial de Padres de Niños Sordos o con Discapacidad Auditiva, en la que participa la FEPEDA, han aprovechado la celebración del Día Mundial de la Audición para solicitar a los gobiernos de todo el mundo que integren en sus sistemas sanitarios los programas de detección precoz de la sordera infantil, incorporando a las familias como parte de los mismos.
Del mismo modo, la detección precoz de sorderas sobrevenidas entre los jóvenes y en la edad adulta merecen una respuesta activa desde la Sanidad para prevenir el impacto de la pérdida de audición sobre la salud, así como en el plano personal sobre su inclusión educativa, laboral y social.
En el caso de las sorderas en las personas mayores, es fundamental promover un envejecimiento saludable evitando el aislamiento, el deterioro cognitivo por falta de información y motivación para la interacción y la comunicación con el entorno, que llega a poner en peligro el cuidado de su salud (entre otros, mayor probabilidad de desarrollar de demencias y de sufrir desorientación espacial y caídas).
