MADRID, 23 May. (EUROPA PRESS) -
La Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) se ha mostrado a favor de legislar la eutanasia y el suicidio asistido para respetar y reconocer los derechos de los pacientes que así lo deseen.
"Los profesionales sanitarios que no quieran verse involucrados en este acto pueden declararse libremente como objetores de conciencia, una vez que lo anuncien previamente y se inscriban en un registro que es necesario articular para ello. Es la única manera de evitar que se siga sufriendo en la fase final de la vida y que podamos decidir libremente sobre nuestra muerte", ha asegurado la organización.
La FADSP se ha pronunciado así tras la reciente admisión a trámite de una proposición de ley de reforma de la Ley Orgánica 10/1995, del Código Penal, presentada por el Parlamento de Cataluña, para despenalizar la eutanasia. Además, coincide con el debate actual de una ley de dignidad al final de la vida de Ciudadanos y la presentación de otra proposición del PSOE que si reconoce la ayuda a morir, los casos susceptibles y el procedimiento regulatorio.
En este sentido, la federación ha recordado que la población española parece estar a favor de la eutanasia, aludiendo a diferentes encuestas del Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS), en las que se mostraba un amplio consenso ciudadano para regularlo.
"La eutanasia lleva tiempo legalizada en Bélgica, Holanda, Luxemburgo, Suiza, algunos estados de Estados Unidos, Canadá, Colombia y Australia, y los resultados, consecuencia de la evaluación efectuada, han aportado elementos importantes para el debate y han contribuido a desmentir argumentos en contra como el de la 'pendiente deslizante', merced a la cual, estas prácticas se aplicarían a personas vulnerables. En todos estos casos se han puesto en marcha mecanismos de control que garantizan que no se produzcan abusos en su utilización", ha señalado la FADSP.
Y es que, tal y como ha apostillado, ni los cuidados paliativos han contribuido a resolver "todo el problema, ni las mal llamadas leyes de muerte digna tampoco". A su juicio, los primeros, son "deficitarios" y a veces se encuentran "en manos de instituciones confesionales" que los administran de manera "inadecuada" y están sujetos a criterios profesionales que pueden ser "muy restrictivos".
Las segundas, a pesar de reafirmar la autonomía del paciente, no consiguen el cambio de cultura necesario para que la relación médico-paciente no sea paternalista y afecta tanto a la persona con una enfermedad terminal como a los médicos y familiares. "La famosa 'conspiración de silencio' es la tarjeta de presentación cuando los profesionales acudimos al domicilio: "por favor, no le digan nada que le conozco y se va a deprimir y poner peor". La experiencia demuestra que no solo no se deprime, sino que se muestra activo, arregla sus cosas pendientes, se despide y muere en paz", ha sentenciado.
