MADRID, 23 Jul. (EUROPA PRESS) -
La Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) ha fijado los que, a su juicio, deben ser los problemas prioritarios que aborde el nuevo Gobierno en materia sanitaria, entre ellos, las listas de espera "cada vez más grandes", el crecimiento "desproporcionado e irracional" del gasto farmacéutico", la pérdida del carácter universal de la asistencia o el "incremento" de las desigualdades entre comunidades autónomas.
Estos son algunos de los puntos de la sanidad pública que FADSP pide que solucione el Ejecutivo, y en concreto la ministra de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, Carmen Montón, tras "años sometida por los gobiernos del PP a un intenso proceso de recortes, deterioro, desmantelamiento y privatización que ha producido graves daños en el sistema sanitario".
Para los defensores de la sanidad pública, con el cambio de Gobierno se abren "nuevas expectativas" de que se transforme "en positivo" la actual situación, pero advierten de que "hay que ser conscientes" de que todos los problemas "no podrán abordarse a la vez ni todos tienen soluciones fáciles desde España, porque provienen de tendencias internacionales presentes en todos los sistemas sanitarios".
Con esas limitaciones, consideran que los problemas prioritarios a afrontar por el nuevo Gobierno deberían centrarse en once aspectos: pérdida del carácter universal y accesible del sistema asistencial; incremento de las desigualdades sanitarias entre comunidades autónomas, clases sociales o lugar de residencia; listas de espera "cada vez más grandes, ocultas y sin criterios de racionalidad o necesidad"; y la "marginación" de la Atención Primaria y "aumento del consumismo sanitario".
Asimismo, consideran priotario abordar la "persistencia" de las privatizaciones; la "penetración" en el sistema por parte de 'lobbys'; el crecimiento "desproporcionado e irracional" del gasto farmacéutico; la doble dedicación de parte del personal facultativo; el uso "intensivo e irracional" de los recursos tecnológicos; la "pérdida de calidad asistencial y desmotivación del personal sanitario"; y, por último, la "ausencia real de participación social en la planificación y control del sistema".
Así, consideran que estos temas deben abordarse de manera "paulatina y continuada", con el objetivo de "avanzar en la recuperación de la sanidad pública de calidad y universal como un servicio básico para toda la población".
DESIGUALDAD ENTRE CCAA Y LISTAS DE ESPERA
Sobre el "incremento" de las desigualdades sanitarias entre comunidades autónomas, FADSP cree que están asociadas al modelo de financiación, a la "privatización y fraccionamiento" del sistema, a la "inexistencia" de un Plan Integrado de Salud y, en última instancia, a la "inoperancia e irrelevancia" del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), que "debería coordinar todos los servicios de salud Aautonómicos".
También lamentan que las listas de espera sean "cada vez más grandes, ocultas y sin criterios de racionalidad o necesidad". "Además de ser la más importante causa de descrédito del sistema público, favorece la contratación de seguros privados y facilita que muchos enfermos recurran a la sanidad privada, cuyo gasto alcanza ya el 30 por ciento del gasto total", aseguran.
Otro de los aspectos que critican es la "marginación de la Atención Primaria, un hecho que en su opinión está fomentando el aumento del "consumismo sanitario". Para FADSP, la Atención Primaria es "necesaria" para la promoción y prevención de la salud por "el auge de la asistencia curativa basada en la súper-especialización y los recursos hospitalarios". En suma, reclaman un enfoque "más comunitario y más enfocado hacia la prevención y la promoción".
PRIVATIZACIONES, GASTO FARMACÉUTICO Y 'LOBBYS'
Igualmente, consideran que la "persisencia" de las privatizaciones y "los instrumentos legales que la facilitan" han continuado, "tanto de forma directa (gestión privada con recursos públicos), como indirecta y mas silenciosa (externalizaciones, conciertos, derivaciones sistemáticas de enfermos, pruebas diagnosticas)".
En este contexto, denuncian la "penetración en el sistema" de 'lobbys' y empresas privadas, como laboratorios farmacéuticos, multinacionales tecnológicas, consultoras, fondos de inversión o grupos financieros, que "controlan los sistemas de información, las historias clínicas y recetas electrónicas, las centrales de llamadas, la formación del personal, o la investigación desarrollo e innovación con recursos públicos". "Todo ello ha generalizado la corrupción. Se está generando así una gran burbuja sanitaria que desvía fondos públicos a estas empresas", lamentan.
En esta misma línea achacan el crecimiento "desproporcionado e irracional" del gasto farmacéutico, especialmente el hospitalario, que "utiliza fármacos cada vez más costosos y que apenas aportan alguna mejora sobre los existentes".
"Este aumento del gasto farmacéutico, que puede poner en riesgo la sostenibilidad económica del SNS, ha sido propiciado por el pacto del Ministerio de Sanidad con Farmaindustria, y su traslación a las comunidades autónomas, que habría que cancelar urgentemente", reclaman.
PÉRDIDA DE CALIDAD ASISTENCIAL
En un último aspecto, no están conformes con permitir la presencia del mismo personal en los centros públicos y privados, ya que a su juicio "crea problemas de colusión de intereses y favorece la creación de listas de espera, incrementa la concertación con el sector privado, la selección de pacientes, o las corruptelas".
Este hecho lo relacionan con la "pérdida de calidad asistencial", así como con la "desmotivación del personal sanitario". "Ambas cuestiones tienen una estrecha relación con la ausencia de una auténtica política de personal por la inestabilidad y precariedad laboral, la ausencia de instrumentos de incentivación como la carrera profesional, la nula participación del personal en la gestión de centros y servicios, y el poco desarrollo práctico de la medicina basada en la evidencia científicamente probada", detallan.
También consideran que juega su papel la "ausencia real" de participación social en la planificación y control del sistema. Para solucionar este punto, piden la puesta en funcionamiento de "instrumentos participativos de profesionales y ciudadanos para mejorar y adecuar el sistema sanitario y su funcionamiento a las necesidades de salud, que no puede sustituirse por la industria farmacéutica".
