MADRID, 29 Abr. (EUROPA PRESS) -
Poner fin al consumo de alcohol en menores, "un problema absolutamente desmedido con cifras enormemente alarmantes", pasa por la educación y la sensibilización, "más allá de cualquier tipo de medida sancionadora y reglamento jurídico", afirma con claridad el vicepresidente de la Fundación de Ayuda contra la Drogadicción (FAD), Ignacio Calderón.
En una entrevista a Europa Press, lamenta que la parte sancionadora haya generado una "alarma desmedida, desproporcionada y poco real" frente a lo que dice el documento que, explica, realiza esta propuesta solo ante conductas de gravedad y de reincidencia; y que, aunque habla de sanciones que pueden tener un componente económico, también habla de alternativas a esas sanciones.
En su opinión, la alarma que han generado las posibles sanciones se encuentra en el desconocimiento de dos cuestiones fundamentales: la primera es que, de adoptarse una sanción, el informe la establece exclusivamente frente a "conductas de gravedad y reincidencia importante"; y, por otro lado, que la Ley del menor es una herramienta que está ahí con independencia de la futura ley de consumo de alcohol en menores, y que "tiene que ver con elemento de responsabilidad institucional", que se aplica ya en situaciones específicas que ponen en riesgo la salud del menor.
En cualquier caso, considera que "las leyes tienen que tener un sentido común para que la población las acepten", y, ante problemas como el consumo de alcohol en menores, "la implicación de la sociedad es clave". Calderón confía en que, "cuando salga el proyecto, el Ministerio de Sanidad sabrá modular estas cuestiones para que sea una Ley más útil que provocadora". Pero, advierte, "si la sociedad no se implica no hay ninguna posibilidad de acabar con el problema, porque las leyes nunca arreglan las cosas por sí mismas".
Optimista ante el próximo - y esperado desde hace años- desarrollo de la futura Ley, considera que "no hay que tener miedo", aunque no puede obviar la dificultad de legislar un tema tan complicado. No obstante, a diferencia de otras leyes que quedaron en 'papel mojado', en esta ocasión observa un cambio fundamental, "se ha empezado el piso por la planta baja, partiendo del gran problema que existe con los menores", y, además, se ha conseguido con un gran consenso entre todos los grupos parlamentario.
EDUCACIÓN, BASE DEL CAMBIO
El desarrollo de la nueva legislación debe pensarse desde la perspectiva de que el objetivo es un "cambio cultural", lo cual será un trabajo complejo que debe partir de la educación de padres, hijos y sociedad en general. Para Calderón, y la institución que representa, este punto es clave; más allá de cualquier tipo de medida sancionadora y reglamento jurídico, "la base se encuentra en la educación".
"Defendemos que hay que formar y ayudar a los padres a que cumplan su función", conociendo el problema y las herramientas que deben utilizar para que funcionen en sus hijos, y, añade, "ir construyendo personas con una toma de consideraciones mucho más adecuadas".
"La educación es el gran elemento, la mejor Ley es la educación. Cuando la sociedad tiene una educación determinada y no incurre en conductas determinadas no hacen falta las leyes", recalca, al tiempo que añade que "el día que por educación, por cambios de hábitos, por cambio de estilo de vida o por lo que sea, se llegue a conseguir que los menores no se acerquen al alcohol, porque sepan que es algo que no deben ni pueden hacer, y lo asuman porque esté integrado en su forma de hacer las cosas, solo entonces, la Ley no tendrá ningún sentido porque no hará falta".
Lamentablemente queda mucho para llegar a ese "escenario", de ahí que sea necesario el desarrollo de esta Ley, que debe partir de un plan integral que tenga un objetivo a medio y largo plazo, basado en acciones educativas que impliquen a los padres y al profesorado, con un trabajo directo sobre el menor, con el apoyo de la sociedad civil- con organismos como la FAD-, con estrategias, herramientas y, sobre todo, un partida económica realista que en conjunto, mediante programas de intervención, consigan "que los niños vayan teniendo una preparación de sensibilidad frente al peligro al que se pueden enfrentar cuando salgan de manera autónoma con sus amigos y se encuentren con los escenarios que ahora existe: botellones, fiestas, etc".
Un plan integral que, además del aspecto legislativo, debe tener una parte importante de sensibilización para que "todos asumamos el protagonismo que tenemos que tener frente a este problema", que se "aleje de la idea negativa de que el problema se soluciona a base de palos".
CONCIENCIA ANTE LA GRAVEDAD DEL PROBLEMA
Actualmente, un 75,6 por ciento de los menores ha consumido alcohol en el último año; el 48,3 por ciento dice contar con la permisividad de sus padres para hacerlo; un 21 por ciento se emborracha al mes, más de 480.000 adolescentes lo hicieron en 2016, un año el que se registraron hasta 6.500 comas etílicos en menores de edad.
"Son cifras de consumo altísimos", señala el vicepresidente de la FAD, para quién se fundamentan, entre otros motivos, en la relación cultural existente entre el alcohol y fiesta en España, "donde está extendida la idea de que emborracharse es un síntoma de alegría cuando la realidad es que es una intoxicación etílica que es un problema para la salud de los adultos, pero sobre todo de los menores".
"Se trata de conseguir una transformación en la mentalidad de la sociedad, donde no se piense que el marginado es el que no bebe o que la única manera de pasarlo bien es con alcohol". Debe acabarse con la presión que sienten los jóvenes ante sus iguales y el temor a ser marginados, "hay que prepararles para que cuando salgan tengan madurez y formación para decir no al alcohol".
