Recomienda que se fijen nuevos tramos de renta y sus correspondientes porcentajes para la aportación farmacéutica
MADRID, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -
La Oficina del Defensor del Pueblo tramitó en 2017 un total de 554 quejas sobre temas relacionados con la sanidad, especialmente relacionadas con la carencia de servicios o especialidades, la falta de medios personales y materiales y los problemas en edificios e infraestructuras.
Por su parte, el año pasado la Institución que dirige el Defensor del Pueblo en funciones, Francisco Fernández Marugán, y que ha sido presentado este lunes en el Congreso y Senado, se interesó por las listas de espera para la realización de pruebas, consultas externas e intervenciones quirúrgicas.
El copago sanitario centró también su trabajo, que recomendó al Ministerio de Sanidad, que modifique la Ley de garantías y uso racional de los medicamentos, para ampliar la protección de los colectivos vulnerables y garantizar que estas personas puedan acceder a los medicamentos que precisan.
Otras actuaciones destacadas en el ámbito sanitario tuvieron que ver con la falta de suministro de algunos medicamentos, disfunciones y retrasos en el transporte sanitario y atención a las personas celiacas.
En 2017 se analizó, además, la actuación de las Administraciones en lo relativo a la atención a la salud mental, donde la insuficiencia estructural de recursos humanos y materiales se traduce en una pobre respuesta a la fuerte demanda existente.
ORDENACIÓN DE PRESTACIONES
Con relación a la necesidad de una mayor concreción de la cartera común de servicios del Sistema Nacional de Salud en genética, se plantearon, a desde 2014, diversas quejas en las que se resaltaba que las pruebas genómicas para el pronóstico de pacientes con cáncer de mama se aplican en hospitales de la red pública de alguna comunidad autónoma, pero no en el conjunto del Sistema Nacional de Salud.
En 2017, la subsecretaría del ministerio comunicó que, una vez finalizaran los trabajos en curso en otras áreas de la cartera común de servicios, se programarían nuevos grupos de trabajo, entre los que apuntaba la posibilidad de incluir los de genética.
De esta última respuesta y del tiempo transcurrido desde 2014 se desprende la necesidad de agilizar, en la medida de lo posible, la evaluación de la posible inclusión de las pruebas genómicas para el pronóstico de pacientes con cáncer de mama en la cartera común de servicios del Sistema Nacional de Salud, con el fin de garantizar una atención basada en las mejores prácticas, en la evidencia científica disponible y en la equidad en el acceso a los recursos en la sanidad pública.
Esta institución se ha dirigido en este sentido al Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad y está a la espera del acuerdo que finalmente se adopte.
Tampoco parece haberse avanzado en la formación de un criterio sobre el uso de bloqueadores hormonales en menores transexuales y sobre la equidad en el acceso al correspondiente tratamiento, asunto que fue planteado por el Defensor del Pueblo en abril de 2015 ante la Subsecretaría de Sanidad. Asimismo, se solicitó a la Subsecretaría del Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad información sobre las previsiones para el establecimiento de un registro nacional de donantes de gametos para inseminación artificial y sobre el desarrollo de la plataforma informática, cuya implantación resulta necesaria para disponer de información a tiempo real de las correspondientes donaciones procedentes de las clínicas y servicios de reproducción humana asistida. La respuesta de la Administración al respecto estaba pendiente de recibirse al concluir el año 2017.
En materia de salud pública, destaca la tramitación de las quejas iniciadas el año anterior por los problemas en el suministro de determinadas vacunas, en concreto la de la meningitis tipo B y la de la tosferina, fueron concluidas en 2017 tras recibir los informes correspondientes emitidos por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios.
En cuanto al copago farmacéutico, en noviembre del pasado año volvió ha hacer recomendaciones de años anteriores. Así, recomienda que la determinación del nivel de ingresos de los usuarios se ajuste lo más posible a su capacidad económica real y actual, a cuyo efecto ha de definirse un procedimiento adicional al de consulta de los datos tributarios.
Asimismo, que se fijen nuevos tramos de renta y sus correspondientes porcentajes de aportación farmacéutica, reduciendo la amplitud de los actuales tramos, en coordinación con la Administración de Hacienda, y tomando en cuenta las variables que ofrece la información estadística oficial sobre renta disponible de los ciudadanos.
IMPACTO DE LA CRISIS
El Informe Anual de la Institución, que este año incluye un análisis del impacto de la crisis en la aplicación de los derechos sociales y del papel que ha tenido la política económica, destaca que el claro proceso de recuperación de la economía española abre una oportunidad para revisar el funcionamiento de las políticas sociales.
Concretamente, propone nuevas políticas de redistribución destinadas a mejorar la educación, la sanidad y la protección social y reclama una reforma urgente del sistema de financiación de las Comunidades Autónomas.
En el informe recuerda que la expansión del gasto sanitario llegó hasta 2009, ejercicio en el que alcanzó el nivel mayor del gasto. A partir de esa fecha, cambió la dirección y comenzó a reducirse hasta 2014, donde experimentó otro giro, esta vez, hacia la expansión.
Medida la dotación presupuestaria en porcentaje de PIB, se observa que el gasto en salud evolucionó desde el 6% de PIB en 2008, al 6,2 % en 2015, y hasta el 6,0% en 2016. Si en lugar de utilizar valores relativos exponemos la información en valores absolutos, se observa que entre 2009 y 2016 hubo una reducción del gasto sanitario de 5.341 millones de euros.
Un último hecho ha de esgrimirse, la diferencia de gasto sanitario por habitante entre comunidades autónomas son sustanciales y requieren un análisis en profundidad que explique sus causas.
Las quejas en el período de crisis, relativas a la administración sanitaria, reflejan las dificultades de los ciudadanos, incluidos pacientes y profesionales, ligados a los ajustes y recortes presupuestarios. "Todavía hoy las quejas que recibe el Defensor del Pueblo reflejan la situación de ajuste", señala.
"Todas las comunidades autónomas realizan considerables esfuerzos en la planificación y optimización de sus recursos y han ido incorporando garantías de plazos máximos para determinados procedimientos e intervenciones. Si embargo sigue siendo un ámbito susceptible de mejora", señala el informe.
A finales de 2017 se ha actualizado el contenido de las recomendaciones, solicitando al Ministerio que promueva la reforma de la regulación contenida en la Ley de Garantías y Uso Racional de los Medicamentos y productos sanitarios.
La determinación del nivel de ingresos de los usuarios debe ajustarse lo más posible a su capacidad económica real y actual, y han de fijarse nuevos tramos de renta y sus correspondientes porcentajes de aportación farmacéutica, reduciendo la amplitud de los actuales tramos.
Por otro lado, recuerda que "es igual de malo retrasar la incorporación de técnicas, o de medicamentos, cuyos resultados clínicos están debidamente contrastados, como aceptar sin el suficiente rigor nuevos descubrimientos que pueden impactar mucho en las cuentas públicas".
Ahora mismo, por ejemplo, las CCAA con problemas de liquidez financiera tienen restringida la ampliación de su propia cartera complementaria. En este sentido, recuerda que "la coordinación leal de todas las Administraciones, como en materia de política social, es aquí fundamental, pero una razón exclusivamente económica o presupuestaria no debería imponerse al beneficio clínico no discutible de una nueva prestación".
