MADRID, 24 Ene. (EUROPA PRESS) -
La Comisión de Deontología del Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Madrid (ICOMEM) abre cada año más de 300 expedientes por denuncias o quejas desde ámbitos diversos y, "en algunos casos", se inicia un expediente disciplinario a un colegiado.
Así lo ha señalado su presidente, Miguel Ángel Sánchez Chillón, durante la "'Jornada sobre Internamientos Involuntarios', donde se han analizado las dificultades legales y los dilemas éticos-deontológicos que suele generar el ingreso no voluntario en unidades de Psiquiatría como en residencias de personas mayores para los profesionales de la Medicina.
"Para evitar llegar a esta situación este tipo de foros pueden ayudar a los profesionales a actualizar sus conocimientos jurídicos y legales. Lo que hemos advertido es que el desconocimiento a veces provoca que el médico cometa errores que pueden evitarse", ha comentado Sánchez Chillón.
Por su parte, la coordinadora de este encuentro y vocal de la Comisión de Deontología, María Jesús del Yerro, ha explicado que "lo ideal sería lograr que el paciente alcance una mayor responsabilidad, potenciando su autonomía personal, relegando la medida del internamiento hospitalario para casos concretos y específicos, con un mayor control y protección, tanto médico como judicial".
No obstante, ha recordado que las personas con trastornos mentales o demencias tienen "descompensaciones por falta de eficacia de los tratamientos disponibles, por abandono prematuro de los tratamientos farmacológicos y psicoterapéuticos o por la concurrencia de otras circunstancias adversas". "Y ante una descompensación los profesionales médicos se plantean qué hacer, cómo actuar e incluso dónde y cómo trasladar al paciente, si la opción es un internamiento", ha añadido.
La doctora ha alertado de una situación que cada vez se repite más en las plantas de Medicina Interna de los hospitales: "Las personas mayores que tienen el alta del hospital pero que no pueden volver a su domicilio por no poder cuidar de sí mismas y no disponer de familiares que lo puedan realizar. Entonces hay que solicitar plaza residencial de urgencia, para lo que se necesita la autorización judicial previa al internamiento", ha aconsejado.
Por su parte, Mónica González Sanz, fiscal de la Audiencia Provincial de Madrid en la sección de Discapacidad, ha insistido en la necesidad de que, además de los diagnósticos médicos y tratamientos de los pacientes, se realice "una valoración funcional del desempeño de actividades básicas e instrumentales de la vida diaria y se les faciliten los datos disponibles sobre la situación social y familiar de estas personas."
Durante la jornada, se han abordado si los ingresos involuntarios en plantas médicas o quirúrgicas generales, no psiquiátricas, es necesario o no comunicarlos y pedir autorización al Juzgado. Es decir, en aquellos casos en los que una patología orgánica provoca síntomas psíquicos. Un caso tipo puede ser el de un paciente que ha sufrido un ictus, está ingresado en Neurología y presenta un síndrome confusional agudo. En estos casos, Lidia Prada Zurdo, jueza de refuerzo adscrita al Tribunal Superior de Justicia de Madrid (TSJM), ha asegurado que el criterio mayoritario entre los Jueces es que no es necesario solicitar autorización para ese ingreso.
