MADRID, 8 Oct. (EUROPA PRESS) -
En las vísperas del Día Mundial de la Salud Mental, este domingo, Amnistía Internacional denuncia que actualmente en España, "debido al desmantelamiento paulatino de la Atención Primaria llevado a cabo por los sucesivos gobiernos en la última década", hay una atención claramente deficitaria de las personas con problemas mentales.
"Una Atención Primaria fuerte garantiza el derecho de acceso a la salud mental de la población. Una Atención Primaria debilitada como la actual afecta negativamente al disfrute de este derecho en un momento crítico en el que la pandemia de la Covid-19 ha agudizado los problemas mentales de la gente. El empeoramiento de la salud mental solo tendrá cura con una atención primaria reforzada", asegura Esteban Beltrán, director de Amnistía Internacional en España.
Los problemas más frecuentes que refieren las personas que acuden a consulta sobre salud mental son ansiedad y depresión, (afectando más a las mujeres en edad adulta y a personas con menor renta), unos trastornos que se abordan mayoritariamente en la atención primaria.
Amnistía Internacional considera "urgente" reforzar esta atención para evitar la medicalización y el sobrediagnóstico de los pacientes, así como potenciar la prevención, un enfoque recomendado por el Relator Especial de Naciones Unidas sobre el derecho a la salud.
La salud mental en España ha empeorado desde el inicio de la pandemia. La encuesta realizada por el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) en febrero de 2021 sobre salud mental mostró los siguientes datos; un 41,9% de las personas encuestadas "ha tenido problemas de sueño", un 51,9% ha reconocido "sentirse cansado o con pocas energías" y el 23,4% ha sentido mucho o bastante "miedo a morir debido al coronavirus".
Asimismo, un 15,8% de la población ha experimentado uno o más ataques de pánico (9,4% hombres frente al 22,0% de mujeres). Organizaciones como Confederación de Salud Mental han alertado sobre el empeoramiento de la salud mental hoy en día.
Por otra parte, la Agencia Española del Medicamento ha informado del aumento progresivo del consumo de benzodiacepinas, sedantes e hipnóticos por parte de la población española a lo largo de 2020, llegando a las 91 dosis diarias por cada 1.000 habitantes.
El informe anual del Sistema Nacional de Salud de 2019, publicado en 2020 sobre recursos humanos, menciona que en atención primaria únicamente hay 319 especialistas de psicología. Sumado a la falta de financiación adecuada que no llega a cubrir todos los recursos que se necesitan para garantizar el acceso al derecho a la salud de la población, además de otras muchas razones, les lleva pedir cuanto antes la elaboración de la Estrategia de Salud Mental (2021-2026) que está impulsando las autoridades.
Como aspectos positivos de la estrategia, Amnistía Internacional reconoce la inclusión del enfoque de derechos humanos que se está proponiendo, el reconocimiento de la salud mental como parte integrante del derecho a la salud, y la constante mención a garantizar los derechos humanos de las personas con problemas de salud. Además, la organización valora positivamente el reconocimiento de la importancia de superar los determinantes sociales de la salud mental.
Sin embargo, Amnistía Internacional también ha identificado sombras en la estrategia de salud mental y para paliarlas destaca estas cinco recomendaciones a las autoridades sanitarias estatales y autonómicas.
Así, en un documento pide adoptar medidas concretas para implementar el Marco estratégico de atención primaria en lo que se refiere a reducir el tiempo de espera de acceso a la consulta a 48 horas, establecer un nuevo cupo máximo de pacientes, y adoptar un plan específico en la atención primaria que evalúe necesidades, aumente recursos y plantillas e implemente un sistema de salud mental basado en la comunidad.
Además, considera necesario recopilar información actualizada sobre profesionales de la psicología que trabajan en el Sistema Nacional de Salud e incrementar el número de psicólogos/as en los centros de atención para mejorar la atención de salud mental, y poder descargar así también la presión asistencial que sufre la Atención Primaria.
También cree preciso incluir en la redacción final de la estrategia de salud mental un plan de acceso a colectivos como las víctimas de violencia de género y trata, personas migrantes, víctimas de acoso escolar e internos de prisiones; y Adoptar y poner en marcha un Plan de recuperación por síndrome de burnout y de estrés postraumático de los profesionales sanitarios, que integre una perspectiva de género.
Finalmente, aconseja poner en marcha un Plan de recursos humanos en la Atención Primaria cuya prioridad sea la estabilidad en el empleo, con una perspectiva de género y adoptar medidas legislativas que establezcan mecanismos permanentes de cobertura de las vacantes, evitando tener que recurrir sistemáticamente a la contratación temporal.
