Archivo - Fisioterapeuta ajustando una rodillera en la pierna de un hombre. - GETTY IMAGES/ISTOCKPHOTO / ANDREY POPOV - Archivo
MADRID 8 Jul. (EUROPA PRESS) -
La Federación Española de Ortesistas y Protesistas (FEDOP) ha expresado este miércoles su rechazo a la incorporación de productos ortoprotésicos reutilizados a la prestación pública, una iniciativa que ha asegurado que ya han implantado algunas comunidades autónomas y que puede comprometer la seguridad de los pacientes.
FEDOP ha justificado su postura recordando que un producto ortoprotésico no es un elemento estandarizado, sino una prestación sanitaria que requiere valoración clínica, adaptación individual, seguimiento y la intervención de profesionales especializados para responder a las necesidades funcionales de cada persona.
Asimismo, ha señalado que muchos productos ortoprotésicos están diseñados o adaptados específicamente para un usuario concreto, por lo que su reutilización plantea interrogantes sobre la trazabilidad, el estado del dispositivo y su adecuación a las necesidades clínicas del nuevo paciente.
El sector de la ortopedia también ha alertado de que esta práctica impacta contra los principios de igualdad y equidad del Sistema Nacional de Salud (SNS), ya que algunos pacientes acceden a productos nuevos e individualizados conforme a la prescripción sanitaria, mientras que otros reciben dispositivos previamente utilizados, lo que genera una "diferencia injustificada" entre usuarios.
"Una prestación sanitaria pública no puede crear diferencias entre pacientes ni reducir las garantías de quienes necesitan mayor protección por su situación de dependencia, discapacidad o limitación funcional", ha aseverado el presidente de FEDOP, Pablo Pérez Aragundi.
La federación ha defendido que cualquier estrategia de eficiencia en el ámbito sanitario debe compatibilizar la sostenibilidad económica con la seguridad del paciente, la calidad asistencial y el respeto al criterio clínico, que son "las garantías asistenciales que deben regir cualquier prestación sanitaria pública".
"Otra decisión en este sentido compromete el derecho de los pacientes, reconocido en la legislación sanitaria y en la propia Constitución, a recibir una atención sanitaria segura y conforme a sus necesidades terapéuticas", ha añadido para terminar incidiendo en que la prestación ortoprotésica debe garantizar productos adaptados individualmente y la participación de profesionales especializados durante todo el proceso asistencial.
"La sostenibilidad del sistema sanitario es un objetivo compartido, pero nunca puede alcanzarse reduciendo las garantías asistenciales o comprometiendo la salud de los usuarios de ortopedia en este caso. Por eso, las administraciones sanitarias deben desarrollar modelos que mejoren la eficiencia del sistema sin menoscabar los derechos de los pacientes ni la calidad de una prestación esencial para mantener la autonomía, la movilidad y la calidad de vida de miles de personas", ha concluido Pérez Aragundi.
