El Congreso rechaza que vuelva a ser necesaria la receta médica para comprar la píldora poscoital en farmacias

Actualizado 10/03/2010 20:29:55 CET

Los grupos parlamentarios piden al Gobierno que tome medidas de prevención del consumo de alcohol en menores y promueva la autorregulación publicitaria en el sector

MADRID, 10 Mar. (EUROPA PRESS) -

La Comisión de Sanidad, Política Social y Consumo del Congreso de los Diputados rechazó hoy --con 18 votos a favor, 19 en contra y una abstención-- una proposición no de ley del Grupo Parlamentario Popular en la que se pedía el restablecimiento de la prescripción médica como condición necesaria para la dispensación de la píldora poscoital en farmacias.

El diputado del PP Santiago Cervera, en su defensa de la proposición de su grupo --para la que contó con el apoyo de CiU--, volvió a calificar de "improvisación" y "frivolidad" la decisión del Gobierno de la venta de la pildora poscoital sin receta ya que, a su juicio, "el anuncio se hizo en ausencia absoluta de informes técnicos que lo avalaran", así como de "valoración en términos farmacológicos, de salud pública y, casi lo que es peor, en términos legales".

Cervera explicó que su grupo pretende que la píldora poscoital "vuelva a tener el estatus de medicamento sujeto a prescripción médica" basándose en un informe de la Agencia Española del Medicamento "que dice que no es inocuo y puede tener efectos secunarios relevantes, así como por datos posteriores que hablan de forma escandalosa de la prevalencia de uso en determinados ámbitos de la población, donde se ha multiplicado su uso, y por las quejas y preocupación en distintas comunidades autónomas donde se esta desbordando el consumo, lo que hace que se estén induciendo comportamientos contrapreventivos".

El diputado socialista José Alberto Cabañes, sin embargo, insistió en que con esta píldora --cuyo principio activo es el levonorgestrel, un gestágeno no estrógeno-- "no hay evidencia de riesgo por su uso tras nueve años en millones de mujeres de países de nuestro entorno y con sistemas de salud homologables, y no parece que vaya a producirse en España". Asimismo, precisó que los efectos adversos que se han descrito son leves, mientras los agudos que se han puesto de manifiesto en los ensayos "no constituyen en sí mismos una razón para instaurar la prescripción médica".

Concretamente, se refirió al tromboembolismo y la trombosis, que no se han incluido en la ficha técnica ni en el prospecto porque, según dijo, no se ha evidenciado riesgo de estas dolencias con su consumo, y negó que las sociedades médicas hayan reclamado oficialmente la reinstauración de la necesidad de receta para la dispensación de este fármaco. Por todo ello, señaló que su grupo defiende el mantenimiento la situación actual porque "las ventajas de su indicación superan los posibles riesgos".

CONSUMO DE ALCOHOL EN MENORES

La Comisión sí aprobó por unanimidad una enmienda transaccional presentada a una proposición no de ley del Grupo Catalán para instar al Gobierno a desarrollar programas de sensibilización contra el consumo del consumo de alcohol en menores y medidas para la promoción de la salud y los hábitos saludables, así como para que promueva la autorregulación publicitaria en el sector.

En este sentido, La diputada de CiU, María Concepción Tarruella, pidió en nombre de su grupo que el Gobierno, las comunidades autónomas y los agentes implicados "adopten medidas dirigidas al desarrollo de campañas de prevención del consumo de alcohol por menores y a promover la autorregulación publicitaria en el sector de las empresas espirituosas".

Sin embargo, se rechazó una proposición del Grupo Popular que solicitaba al Gobierno información periódica a la Cámara sobre las medidas que adopte al respecto. El diputado del Grupo Popular Teófilo de Luis reclamaba al Gobierno que "remita sistemáticamente detalle pormenorizado de la disponibilidad de crédito para estas medidas" y que "aborde este tema con valentía" al igual que tuvo una "actitud valiente con el tema del tabaco".

En su intenvención, expresó su preocupación por el "consumo excesivo de alcohol entre los jóvenes, que son el futuro de nuestro país, un hábito social implantado en todo el país, en un tramo de edad muy amplio y en todas los niveles de formación", y recordó que la edad de inicio según un informe del Gobierno es de 13,8 años. Además, señaló que "puede causar daños físicos reales además de desarreglos de comportamiento y problemas psicológicos, llegando a la dependencia, lo que lleva a fracaso escolar, el desarraigo familiar y la violencia de género, y al final el fracaso como persona".

La diputada del PSOE Gloria Gómez Santamaría, por su parte, aseguró compartir la preocupación del PP en este tema y en la necesidad de seguir adoptando medidas en colaboración con las comunidades y los agentes implicados, pero precisó que el Gobierno ya trabaja en un programa espefícico con un conjunto de medidas similar al que se adoptó en 2007 para combatir el consumo de cocaína, "que dió bastantes buenos resultados".

"Hay una preocupación real y el Gobierno actúa en consecuencia", señaló la diputada, quien recordó que en España desde hace más de diez años hay medidas de autorregulación del sector, aunque admitió que "se pueden introducir elementos con medidas de forma voluntaria y paulatina sobre prácticas para ponerse en marcha, como un etiquetado especial más comprensible sobre contenido de alcohol", para lo que cuenta con la colaboración del sector.

SINDROME POST-POLIO

Los grupos aprobaron por unanimidad dos proposiciones no de ley presentadas por Esquerra Republicana-Izquierda Unida-Inicativa per Catalunya Verds y por el Grupo Catalán para mejorar la atención a los pacientes del síndrome post-polio, que son entre 30.000 y 40.000 personas en España, según los datos aportados por Gaspar Llamazares.

El diputado de IU considera necesario que se "redoblen la iniciativas sobre este síndrome" lo que, a su juicio, "supondrá un impulso y una reparación a estas personas, que padecen evidente afectación en su salud y su capacidad".

La diputada de CiU, María Concepción Tarruella, reconoció que se ha debatido en las Cortes sobre este síndrome en varias ocasiones desde 2001 pese a lo cual no se han aplicado las soluciones ya aprobadas ni se han atendido las reclamaciones de este colectivo, que pasan por crear un registro estatal de afectados, que se recalifique el grado de discapacidad de aquellos en quienes proceda "para ajustarse a la realidad" y que se impulsen líneas de investigación y tratamientos, especialmente a través de centros de rehabilitación multidisciplinares "que van a necesitar el resto de sus días y que en algunos sitios tienen dificultad para llegar a ellos".

La socialista María José Sánchez recordó en su intervención que ya está en marcha un informe de situación, realizado por el Instituto de Salud Carlos III, cuyos resultados se esperan para "tomar medidas", si bien se precisó que "ya se han producido reuniones con asociaciones de afectados para abordar su problemática y se han designado centros de referencia para esta dolencia.

Francisco Vicente Murcia, del Grupo Popular, también manifestó el apoyo de su grupo a las proposiciones ya que "no se puede seguir dando plazos porque este síndrome afecta una generación de personas de edad avanzada y hay que tomar medidas contundentes".

Al término de la Comisión, los grupos votaron igualmente por unanimidad por la continuidad en este periodo de sesiones de la Ponencia sobre el Pacto por la Sanidad.

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