MADRID, 19 Mar. (EUROPA PRESS) -
Un informe de la Fundación Alternativas elaborado por el presidente de la Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP), Manuel Martín García, denuncia que actualmente la mayor parte de las pensiones de los españoles "no permiten" mantener un nivel de vida "digno" y "asumir" el copago de los medicamentos implantado por el Gobierno.
La reforma sanitaria impulsada por la ministra de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, Ana Mato, en marzo de 2012 propició que los pensionistas, por primera vez en la historia del Sistema Nacional de Salud (SNS), tuvieran que pagar un porcentaje del precio de los fármacos comprados en oficinas de farmacia, cuando hasta ahora eran gratis.
De este modo se estableció que este colectivo debía pagar un 10 por ciento de lo que cuesten estas medicinas, estableciendo topes de 8 o 18 euros al mes en función de su nivel de renta.
Sin embargo, este informe recuerda que la pensión media, que incluye las distintas clases de pensiones como jubilación, incapacidad permanente, viudedad, orfandad y a favor de familiares, en 2013 se situó en 858,1 euros mensuales de media, pero con "grandes diferencias" en las mismas con 611 euros entre las de mayor y menor cuantía (62%).
De hecho, avisa, las pensiones de jubilación, incapacidad permanente, viudedad, orfandad y a favor de familiares están en el límite de la pobreza, siendo en gran parte insuficientes para atender las necesidades de este colectivo, por lo que el copago "supondrá incrementar la precariedad económica de estos colectivos y acrecentará las desigualdades de salud y renta entre la población de las comunidades autónomas".
A ello habría que unir un aumento de las desigualdades, tanto por renta como por lugar de residencia, ya que las personas que viven en el medio rural están más alejadas de los centros sanitarios, especialmente en comunidades como Galicia, las dos Castillas o Extremadura, de población dispersa y envejecida.
"En estas comunidades una parte importante de los enfermos con necesidades de desplazamiento en ambulancia tendrán que hacer frente a grandes gastos para trasladarse a los centros especializados, lo que supone una discriminación imposible de justificar", han defendido.
Por ello, consideran que el copago limitará el acceso de personas con enfermedades crónicas, discapacidad y escasos recursos a los tratamientos especializados, pese no haber sido decididos por ellos.
"Es inaceptable que se pongan barreas de acceso a los servicios a los colectivos de personas con grandes necesidades asistenciales que deberían tener prioridad en la atención y el acceso a los cuidados", denuncian.
El autor de este estudio ha destacado además el efecto que puede tener el copago en enfermedades más graves como el cáncer, y avisa de que "puede llevarles a interrumpir sus tratamientos con evidente riesgo para su salud, al no poder costear aquellos tratamientos destinados a aliviar efectos secundarios".
