Un total de 262.716 ciudadanos se negaron a pagar el euro por receta mientras estuvo en vigor en enero

Euro por receta en Madrid
EUROPA PRESS
Actualizado 07/10/2014 0:30:42 CET

MADRID, 20 Mar. (EUROPA PRESS) -

Un total de 262.716 personas se negaron a pagar la tasa de un euro por receta durante el tiempo que estuvo en vigor en la Comunidad de Madrid, un total de 29 días, hasta que el Tribunal Constitucional decretó su suspensión.

Así lo indica el Gobierno regional en una respuesta parlamentaria a una pregunta formulada por el portavoz de Sanidad de UPyD en la Asamblea, Enrique Normand, quien solicitó información sobre el número de recetas en las que no se abonó esta tasa y el volumen de beneficiarios 'insumisos'.

En su respuesta, el Ejecutivo regional detalla que no se efectuó el pago de la tasa en 1.008.277 recetas y el número de ciudadanos 'insumisos' fue de 262.716 desde el 1 de enero al 29 de enero.

En junio de 2013, el Pleno del Tribunal Constitucional decidió mantener la suspensión del euro por receta en Madrid decretada el pasado 29 de enero, cuando admitió a trámite el recurso de inconstitucionalidad presentado por el Gobierno central contra la iniciativa de la Comunidad de Madrid.

El Gobierno pidió en su recurso la suspensión de la tasa al entender que la medida implantada, que entró en vigor el 1 de enero, en Madrid afectaba a un supuesto regulado por una ley estatal y alegó que las comunidades no pueden incidir directa o indirectamente en la fijación de precios de productos farmacéuticos, según establece el artículo 149.1.16ª de la Constitución.

Al respecto, el presidente de la Comunidad de Madrid, Ignacio González, reconoció entonces que no iba a restablecer el pago del euro por receta hasta que el Tribunal Constitucional se pronuncie sobre el "fondo" de la medida o el Gobierno de la Nación decida sobre el asunto, independientemente de que lo que se decida sobre la suspensión cautelar que ahora pesa sobre la misma.

Por su parte, el diputado de la formación magenta realizó tanto en Pleno como en comisión diversas iniciativas sobre esta medida, que criticó por considerar que suponía una "discriminación" respecto al resto de ciudadanos de España.

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