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El SNS necesita 1.400 millones para acabar con la obsolescencia de sus equipos tecnológicos

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EUROPA PRESS
Publicado 31/10/2017 14:22:41CET

Sanidad y Hacienda trabajan en un plan para ayudar a las CCAA a financiar la adquisición de nuevos equipos

MADRID, 31 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Sistema Nacional de Salud (SNS) necesitará hacer una inversión cercana a los 1.400 millones de euros en los próximos 4 años, a razón de unos 350 millones anuales, para renovar los equipos de tecnología sanitaria que están obsoletos.

Así se desprende de los cálculos realizados por la Federación Española de Empresas de Tecnología Sanitaria (Fenin) teniendo en cuenta la situación actual en España, ya que a finales de 2016 estimaban que hasta el 70 por ciento de los TAC, el 69 por ciento de los ecógrafos y el 81 por ciento de los equipos de soporte vital, entre otros equipamientos, tenían más de 5 años de antigüedad.

Cuando las recomendaciones internacionales, según aclara la patronal de este sector, establecen que al menos el 60 por ciento de los equipos instalados no debería tener esa antigüedad.

Fenin está actualizando los datos del Plan para la Renovación de Tecnologías Sanitarias que presentó en 2015 sobre la antigüedad del equipamiento tecnológico sanitario que está instalado en los hospitales nacionales, que establecía que uno de cada cuatro equipos de diagnóstico, monitorización y terapia en los hospitales estaban obsoletos.

La situación sigue siendo "preocupante" en muchos casos, según ha reconocido la secretaria general de esta entidad, Margarita Alfonsel, durante un encuentro informativo con motivo del 40 aniversario de la institución, y por ello ha confiado en que el plan 'renove' en el que trabaja ya el Gobierno esté listo cuanto antes y ayude a las comunidades autónomas a financiar la compra de nuevos equipos y su posterior mantenimiento.

La previsión de gasto realizada por la patronal no ha tenido en cuenta las dotaciones de nuevos centros u otras tecnologías también obsoletas, ni el cálculo del efecto de la donación de la Fundación Amancio Ortega, que hace unos meses anunció una inversión de más de 300 millones de euros para renovar los equipos oncológicos.

MÁS SEGURIDAD PARA PROFESIONALES Y PACIENTES

En principio, el plan en el que trabajan los ministerios de Sanidad y Hacienda tendrá una previsión a cuatro años y, según Alfonsel, "redundará en una mayor seguridad para los profesionales sanitarios y los pacientes".

No obstante, ha admitido que todavía no sabe "ni cuándo ni cómo" se favorecerá esa renovación y avisa de que el plan debe garantizar tanto la adquisición de equipos más modernos como su posterior mantenimiento.

Por otro lado, durante el encuentro el responsable del Departamento Legal de Fenin, Pablo Crespo, ha defendido que las contratos públicos que marcan la adquisición de estos equipamientos en la sanidad pública "no pueden tener en cuenta únicamente el precio", y anima a tener en cuenta otros criterios de valoración. De hecho, la patronal tiene previsto poner en marcha durante el próximo año los primeros programas piloto dirigidos a medir los resultados en salud de esta tecnología.

Asimismo, pese a esta necesidad de renovación, los datos de Fenin muestran como el sector de la tecnología sanitaria sigue creciendo en España, con 7.200 millones de euros de facturación en el último año y un nivel de exportaciones que ha aumentado en 2,3 por ciento en 2016, hasta los 2.448 millones de euros.

BAJA LA DEUDA DE LAS COMUNIDADES

Además, la situación de morosidad de las comunidades autónomas con estas empresas ha mejorado en los últimos meses, ya que la deuda a 30 de septiembre se situaba en 717 millones de euros, frente a los 834 millones de julio, mientras que el periodo medio de pago se mantiene en los 91 días de media.

Durante el encuentro, la patronal también ha destacado las principales ventajas de su nuevo código ético que entrará en vigor el 1 de enero de 2018, por el que las empresas de este sector dejarán de financiar de forma directa a los profesionales sanitarios su formación para hacerlo a través de un sistema de ayudas a instituciones u organizaciones sanitarias, sin poder elegir el beneficiario de las mismas.

Algo que, según Crespo, supone un "paso adelante" en la transparencia de este sector que evitará posibles conflictos de interés con los profesionales sanitarios, que deben ser "totalmente independientes en su toma de decisiones".

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