Afectados por la hepatitis C presentan una querrella ante el Supremo
EUROPA PRESS
Actualizado: viernes, 23 junio 2017 12:58

MADRID, 23 Jun. (EUROPA PRESS) -

El Grupo Parlamentario Socialista ha remitido un escrito al presidente del Senado, Pío García-Escudero, para que solicite al Gobierno los documentos de los acuerdos firmados con las compañías farmacéuticas que comercializan los nuevos fármacos de la hepatitis C, de cara a conocer los precios y las condiciones de reembolso que han acordado.

El portavoz de Sanidad del PSOE en la Cámara Alta, José Martínez Olmos, será el encargado de registrar dicha solicitud ante la opacidad del Gobierno sobre este tema, justo después de que el Ministerio de Sanidad y las comunidades autónomas hayan acordado prorrogar el Plan Nacional de la Hepatitis C hasta 2020 para tratar a pacientes con fibrosis más leves (F0 y F1).

Por ello, ha señalado Martínez Olmos, pide al Gobierno que sea "transparente" y le haga entrega de los citados documentos ya que ha defendido que tiene derecho como senador según el Reglamento de la Cámara Alta.

"Se necesita transparencia absoluta para favorecer que las comunidades puedan incluso rebajar aún más el precio de los medicamentos, conociendo en toda su integridad tanto los precios máximos como los requisitos concretos acordados y autorizados, aspectos que en el caso de la hepatitis C no se han dado a conocer", ha detallado.

Asimismo, ha criticado la "inoperante" gestión del Ministerio de Sanidad sobre este tema ya que el tratamiento de la hepatitis C ha "disparado" el mercado hospitalario y ha provocado que las comunidades hayan tenido que desembolsar en torno a 1.500 millones de euros en la compra de fármacos de última generación "con precios excesivos a todas luces".

Esta misma semana, José Martínez Olmos reclamó al Gobierno la obligación de "asegurar" la financiación del plan de hepatitis C y garantizar el acceso de todos los pacientes a las nuevas terapias y criticó que la ministra del ramo, Dolors Montserrat, se pusiera "una medalla" por anunciar una inversión de 200 millones de euros que, en realidad, la harán las comunidades autónomas.

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