El PSOE critica la previsión del Ministerio de Sanidad de impedir rebajas en el precio industrial de los medicamentos

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EUROPA PRESS
Actualizado 05/06/2013 16:24:07 CET

El PP pretende que la Ley del Medicamento clarifique la competencia exclusiva del Estado en la definición de precios

MADRID, 5 Jun. (EUROPA PRESS) -

El portavoz del PSOE en la Comisión de Sanidad del Congreso de los Diputados, José Martínez Olmos, ha criticado la previsión del Ministerio de Sanidad de impedir rebajas en el precio industrial de los medicamentos a no ser que las mismas se hagan en todo el territorio nacional, lo que entra en contradicción con la subasta de medicamentos aprobada por la Junta de Andalucía y recurrida por el Gobierno ante el Tribunal Constitucional.

En una de las enmiendas que el PP ha presentado en el Congreso al proyecto de la ley de farmacovigilancia, que modificará la Ley del Medicamento, se señala que el precio industrial de los medicamentos "no podrá ser objeto de modificación a efectos de prestación farmacéutica en el Sistema Nacional de Salud salvo en el caso de que dicha modificación consista en un descuento porcentual o lineal aplicable en todo el territorio nacional".

El partido que sustenta al Gobierno defiende que esa postura es necesaria si se tienen en cuenta los antecedentes de medidas parciales que han tomado algunas comunidades autónomas que "contravienen la distribución competencial establecida en el marco constitucional vigente, y que ha dado lugar a la existencia de una alta litigiosidad y a la necesidad de presentación de recursos ante el Tribunal Constitucional".

En la justificación de su enmienda también se señala que lo que se pretende es "una mayor clarificación de la competencia exclusiva del Estado en la definición de precios, autorización de medicamentos y de medidas de equidad en el SNS" que permita reforzar el principio de igualdad territorial en el acceso a los medicamentos y productos sanitarios financiados por el SNS en todo el territorio nacional y, con ello, evitar "las desigualdades territoriales e inequidades en el acceso a la prestación farmacéutica".

Sin embargo, para Martínez Olmos la medida tendrá "graves consecuencias" ya que podría suponer "acabar de un plumazo" con la posibilidad de que los centros sanitarios públicos de todas las comunidades autónomas aprovechen los concursos públicos para obtener ahorros al adquirir suministros de medicamentos mediante este procedimiento.

El portavoz socialista critica que durante su mandato la ministra de Sanidad, Ana Mato, haya pleiteado contra la Junta de Andalucía para "acabar" con la subasta de medicamentos andaluza, "mostrando así una y otra vez una actitud incomprensible hacia una medida que no perjudica a los pacientes y que beneficia a las cuentas públicas", sin embargo, cree que con esta enmienda, la actitud "es aún peor".

DEJA DE AHORRAR HASTA 1.000 MILLONES

"No sé si es un error y se han pasado de frenada o si es una decisión calculada", señala el diputado, donde también ha recordado que los concursos, que se realizan desde siempre, incluso desde la creación del Instituto Nacional de Previsión hace decenios, sirven para que los hospitales y centros sanitarios obtengan mejores precios en relación al autorizado por el Ministerio de Sanidad.

Martínez Olmos continúa señalando que esas ventajas en los precios se obtienen bien por la cantidad a adquirir, bien por pronto pago o por la combinación de ese tipo de argumentos pero la medida del PP "puede suponer millones de euros de pérdidas a las arcas públicas" porque si se sigue el tenor literal de la propuesta, "las compañías no tendrían ningún interés en acudir a los concursos de compra de medicamentos que realizan los hospitales públicos para no rebajar así ni un céntimo dado que estarían obligadas a hacer extensiva la rebaja a todo el territorio nacional".

Según sus cálculos, las compras de medicamentos por los hospitales a través de concursos públicos suponen un ahorro de entre 800 y 1.000 millones de euros anuales, cantidad que se perdería ahora con este nuevo "invento" de Ana Mato, lamenta el diputado que, además, duda de la legalidad de la iniciativa ya que "invade claramente" la capacidad de gestión de las comunidades autónomas, que "pierden herramientas" para conseguir ahorros.

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