El PSN lamenta la sentencia del TC y defiende la universalidad como "pilar básico del sistema sanitario"

María Chivite
PSN
Publicado 27/02/2018 18:41:57CET

PAMPLONA, 27 Feb. (EUROPA PRESS) -

El PSN ha lamentado la sentencia del Tribunal Constitucional que anula la ley foral de asistencia sanitaria gratuita y ha reiterado su defensa de "la universalidad como un pilar básico de nuestro sistema sanitario".

La secretaria general del PSN, María Chivite, ha afirmado que "la sanidad pública, gratuita y universal es un derecho adquirido por la ciudadanía y, como tal, debemos defenderlo" y ha añadido que "el derecho a la protección de la salud tiene que estar por encima de coyunturas económicas".

Según Chivite, garantizar ese principio "pasa por la derogación del Real Decreto 16/2012 de medidas urgentes para garantizar la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud y mejorar la calidad y seguridad de sus prestaciones aprobado por el Partido Popular". "Dicha norma ha dejado a miles de personas sin tarjeta sanitaria y, por lo tanto, sin derecho a recibir asistencia gratuita", ha criticado.

La secretaria general del PSN ha añadido que varias Comunidades Autónomas, entre ellas las gobernadas por el Partido Socialista, "trataron de garantizar ese derecho a sus ciudadanos, pero ahora, en el caso de Navarra, el Constitucional, aunque no entra en el fondo de la cuestión, sí estima que la ley foral regula un ámbito de competencia estatal".

El PSN considera que la Comunidad Foral "podría hacer valer su autogobierno para defender que es competente a la hora de legislar sobre esta materia".

María Chivite también ha destacado que "el Partido Socialista a nivel estatal ha elaborado una proposición de ley en la línea de derogar el Real Decreto que no ha prosperado por el veto del Partido Popular" y ha apuntado que los socialistas siguen teniendo en su agenda dicha derogación como "medida prioritaria".

Por su parte, el diputado por el PSN y portavoz de Sanidad en el Congreso, Jesús Mari Fernández, ya señaló en su día que la aprobación del Real Decreto fue "el mayor atentado contra la sanidad española que se ha producido en los últimos 20 años".