MADRID, 29 Jul. (EUROPA PRESS) -
Amnistía Internacional, Médicos del Mundo, Red Acoge, la Sociedad Española de Medicina de Familia y Comunitaria (Semfyc), Odusalud y la Sociedad Española de Salud Pública y Administración Sanitaria (Sespas) se han concentrado este miércoles a las puertas del Ministerio de Sanidad, coincidiendo con la celebración del Consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud (CISNS), para pedir al ministro de Sanidad, Alfonso Alonso, la derogación del Real Decreto 16/2012 y la restitución de la universalidad del Sistema Nacional de Salud (SNS).
En concreto, las organizaciones solicitan que se vuelva a atender a los inmigrantes en situación administrativa irregular en los servicios de Atención Primaria, un derecho del que fueron "privados" tras la aprobación del Real Decreto durante el mandato de la exministra Ana Mato.
No obstante, tal y como ha informado la vicepresidenta de Semfyc, María Fernández, las asociaciones solicitan que este colectivo sea de nuevo atendido en AP y, también, en atención especializada.
"Pretendemos volver a atender otra vez a nuestros pacientes porque somos médicos de personas. Potenciar la atención en los centros y hacer prevención en estos pacientes es mucho más rentable y hará mucho más sostenible el sistema que sólo atenderles en Urgencias cuando ya lo que tienen son patologías de difícil solución", ha apostillado.
2.000 PROFESIONALES HAN HECHO OBJECCIÓN DE CONCIENCIA
Asimismo, Fernández ha recordado que su organización ya ha llevado a cabo diferentes medidas para atender a este colectivo como, por ejemplo, la red de objeción de conciencia a la que ya se han sumado unos 2.000 profesionales sanitarios y no sanitarios. "Queremos recuperar la atención universal porque creemos que el Real Decreto vulnera la atención sanitaria de toda la población", ha apostillado.
Estas declaraciones han sido corroboradas por la portavoz de Amnistía Internacional, Marta Mediola, quien, en declaraciones a Europa Press, ha subrayado la necesidad de que en el CISNS se adopten acuerdos "de urgencia" para que se puedan atender a todas las personas que residen en España, tanto de forma legal como ilegal.
Además, ha recordado que diversos organismos europeos e internacionales han recomendado a España devolver la asistencia sanitaria a todas las personas. "Hasta la fecha sólo tenemos unas declaraciones del ministro orientafas a restablecer únicamente la atención en AO y eso es sólo válido como medida transitoria, urgente, pero hay que blindar la salud como un verdadero derecho humano", ha enfatizado.
Por su parte, el técnico de Incidencia Política de Médicos del Mundo, Pablo Iglesias, ha lamentado que no se haya hecho una evaluación del impacto económico y social del Real Decreto y ha avisado que su organización ya ha recogido hasta 2.000 casos de personas que han tenido problemas a la hora de acceder a los tratamientos que necesitaban o que, incluso, se han vulnerado las propias excepciones que recoge la normativa.
"El Real Decreto contempla el acceso a los menores y a las embarazadas y tenemos constancia de que estas excepciones se han vulnerado sistemáticamente. Por ello, venimos a exigir y restituir la universalidad y derogar el Real Decreto", ha zanjado.
