MADRID, 16 Dic. (EUROPA PRESS) -
La Federación de Asociaciones para la Defensa de la Sanidad Pública (FADSP) propone una gran alianza social y profesional que permita garantizar el futuro y la sostenibilidad del Sistema Nacional de Salud (SNS) y le proteja de iniciativas privatizadoras.
En un documento presentado este martes, esta entidad ha denunciado que la política sanitaria de los últimos años se ha orientado a privatizar el sistema público para "ponerlo en manos de entidades bancarias, ultinacionales sanitarias y fondos de inversión internacional ubicados en los paraísos fiscales".
Una privatización que, según añaden, se ha visto acompañada del despido de miles de trabajadores sanitarios, más de 53.000, una reducción de la oferta de servicios y la "generalización" de copagos por los ciudadanos.
Para contrarrestarlo, la FADSP propone un acuerdo para la defensa del sistema sanitario que garantice la universalidad de la asistencia sanitaria mediante la derogación de la reforma sanitaria de 2012 y la eliminación de los sistemas paralelos, como Muface, mutuas laborales, etcétera.
Además, piden proporcionar una financiación suficiente del sistema equiparando el porcentaje de PIB a la media de los países de la UE (un punto más), para hacer frente al deterioro de la salud consecuencia de la crisis, y cambiar el modelo de financiación para recuperar su carácter redistributivo mediante impuestos directos, en función de la población y de sus características y dotarlo de un carácter finalista.
La alianza pasa también por fijar una cartera amplia de servicios en toda España, garantizar el acceso a la asistencia sanitaria, suprimir los copagos, revocar las Leyes de Ordenación Sanitarias y la Ley 15/1997 de Nuevas Formas de Gestión, y recuperar todas las concesiones y externalizaciones de servicios sanitarios y los sistemas de información cedidos a empresas multinacionales.
Del mismo modo, la FADSP exige potenciar la Atención Primaria, desarrollar estrategias de Promoción de la Salud, políticas de personal que acaben con los recortes y la no reposición de las jubilaciones, potenciar su participación y la de la población en la planificación, control y evaluación de la planificación de actividades del sistema, de sus niveles de gestión y de sus centros sanitarios.
Y que se realicen auditorias sobre los gastos del Ministerio de Sanidad y las Consejerías de Sanidad de las comunidades para garantizar la transparencia de la información sanitaria.
"Es imprescindible articular una gran movilización social y sanitaria en defensa de estas propuestas, buscando la mayor unidad por encima de diferencias legítimas, en una gran alianza que promueva la mayor movilización sindical, social y profesional posible de todos los que quieran adherirse a la misma sin condiciones previas ni exclusiones", ha defendido.
