MADRID, 11 Jun. (EUROPA PRESS) -
La Federación Española de Bebidas Espirituosas (FEBE) ve "injusto e inconstitucional" que el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad pudiera establecer diferentes sanciones para la venta de alcohol a menores de edad en función de la graduación de la bebida, y recuerdan que "lo que debería preocupar es el consumo y no los productos".
"Es como decir que al Ministerio le parece bien que se emborrachen con un tipo de alcohol más que con otro", ha reconocido a Europa Press el director ejecutivo de esta entidad, Bosco Torremocha, que insiste en que las sanciones "deberían ser iguales para todos" ya que, de lo contrario, sería una "ley parcial" que podría ser denunciada por inconstitucional.
Fuentes del departamento de Ana Mato reconocieron este martes a Europa Press que la futura ley del alcohol que están preparando para combatir el consumo en menores endurecería las sanciones por la venta a este colectivo y podría establecer diferentes cuantías según el tipo de alcohol. Argumentando además que ya hay comunidades como Asturias o País Vasco que hacen esta distinción en función de la graduación de la bebida.
FEBE niega que estas comunidades establezcan distinciones entre bebidas alcohólicas a la hora de sancionar y pide al Ministerio que "lo único" que debe importarle es "el consumo cero en jóvenes".
"Da igual un grado que otro, no se pueden establecer baremos o escalas que harían pensar que hay bebidas que en principio son menos malas", ha aseverado Torremocha.
Los productores de bebidas alcohólicas defienden que ellos son "los primeros interesados" en que se haga "un buen uso de las marcas" y "cuando un menor consume no lo está haciendo", criticando además que esto se produzca siempre bajo la intermediación de un adulto.
Con respecto a la publicidad del alcohol, FEBE ve positivo que se limite la promoción de bebidas alcohólicas en lugares cercanos al ámbito del menor como aledaños de colegios e institutos, y apuestan por la autorregulación para la publicidad en televisión, ya que a su juicio es el "único modelo de éxito" que ha permite "establecer normas y garantizar su cumplimiento".
