Tres de cada diez, sobre Atención Especializada

El Defensor del Pueblo recibió 1.229 quejas sobre sanidad en 2016, un 16% menos que el año anterior

Soledad Becerril, Defensora del Pueblo, en el Congreso
CONGRESO
Publicado 28/02/2017 12:04:44CET

MADRID, 28 Feb. (EUROPA PRESS) -

La Oficina del Defensor del Pueblo tramitó en 2016 un total de 1.229 quejas sobre temas relacionados con la sanidad, lo que supone un 16% menos de las gestionadas el año anterior. De ellas, tres de cada diez han sido referidas a la Atención Especializada, según el último informe anual que ha entregado este miércoles en el Congreso la Defensora del Pueblo, Soledad Becerril.

La atención farmacéutica y los medicamentos supusieron el segundo tema más habitual de queja (10,53%), seguidos de la salud pública y la seguridad de los pacientes, ambas por encima del 9% de las actuaciones tramitadas durante el año pasado. Además, a ellas se suman la preocupación y actividad especial de la oficina del Defensor del Pueblo respecto a las personas con enfermedad celíaca. De hecho, constituyen el segundo grupo social con más actividad, con 3.845 actuaciones, sólo superado por los menores (con 6.423).

El defensor realizó 42 actuaciones de oficio en este ámbito, centradas en temas como la interoperatividad de las recetas entre servicios de salud, listas de espera en cirugía reparadoras para mujeres sometidas a mastectomías, los citados pacientes celíacos o la protección social a los enfermos oncológicos. Sobre estos dos últimos, la oficina trabaja actualmente en sendos estudios monográficos.

En el informe se considera "especialmente alto" el numero de quejas admitidas, ya que se tramitaron dos de cada tres actuaciones, casi todas por problemas en las listas de espera, si bien se considera que el ritmo de respuesta por parte de las administraciones es "aceptable" aunque ha subido ligeramente respecto al año anterior.

El defensor realizó el año pasado 18 recomendaciones y 5 sugerencias y, según reseña, en el 26,5% de los expedientes se logró un cambio total o parcial en la posición de la Administración. En 13 casos, "la mayoría referidos al copago y financiación pública de medicamentos, los expedientes se cerraron con diferencia de criterios entre esta institución y los organismos implicados", admite.

Por lo que se refiere a Atención Primaria, el informe apunta que la recepción de quejas "no ha sido especialmente significativa en términos cuantitativos".

LISTAS DE ESPERA

"Las listas de espera constituyen el principal motivo de queja de los ciudadanos y dan ocasión a la formulación de un relevante número de resoluciones", explica el informe. En este sentido, el Defensor ha emitido recomendaciones y sugerencias, especialmente en el caso de las quirúrgicas, pero también en las de espera para implantes de prótesis de mama tras una mastectomía. En este caso se iniciaron actuaciones de oficio con todos los servicios territoriales de salud al constatarse demoras en la realización del procedimiento.

Los cambios en el calendario oficial de vacunación infantil también son objeto de controversia y, por tanto, de quejas. No obstante, el informe recoge que "las decisiones de actualización adoptadas por la práctica totalidad de los servicios de salud autonómicos en los dos últimos ejercicios ha venido a plasmar el consenso a este respecto en el seno del consejo Interterritorial del Sistema Nacional de Salud y la reivindicación de una parte de la comunidad científica" en cuanto a la incorporación de la vacunación contra el neumococo o la varicela.

Las quejas en materia de copago farmacéutico se centraron en las disfunciones ya estudiadas y objeto de estudio del defensor del Pueblo en informes anteriores. En este sentido, apunta que "a pesar de que la normativa vincula la capacidad económica de los usuarios a su nivel de aportación en la prestación farmacéutica ambulatoria, la regulación actual no garantiza que determinados grupos de personas sin ingresos o con rentas muy bajas puedan acceder a los medicamentos que precisan".

La oficina ha ofrecido conclusiones al legislador al considerar que existe "falta de coordinación entre las distintas administraciones implicadas" y por "la ausencia de garantías jurídicas para los ciudadanos sobre quién es el responsable de determinar el porcentaje de copago que les corresponde y ante quien pueden reclamar".

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