MADRID, (EUROPA PRESS)
La Oficina del Defensor del Pueblo insiste en la necesidad de cambiar el actual modelo de copago farmacéutico, para ampliar la protección de los colectivos vulnerables y garantizar que estas personas puedan acceder a los medicamentos que precisan, y, para ellos, propone revisar los tramos de renta establecidos e incorporar como colectivos exentos del pago a personas con discapacidad y personas en el umbral de riesgo de pobreza.
Asimismo, propone incluir el beneficio de exención en el copago, cuando no esté prevista por otra causa, o la aplicación de un porcentaje mínimo, al grupo de pacientes conenfermedades crónicas severas, con especial referencia a los menores de edad, incluidas las enfermedades raras o poco frecuentes, las enfermedades degenerativas y las patologías oncológicas.
Además, considera necesario que se determine la competencia y el procedimiento para resolver las solicitudes y reclamaciones de los ciudadanos en materia de aportación farmacéutica; se ajuste el procedimiento para asignar a cada usuario el tipo de aportación a su verdadero y actual nivel de ingresos; y una cláusula que permita la apreciación por la Administración sanitaria competente de otras circunstancias excepcionales que merezcan el reconocimiento individualizado del beneficio de exención.
"El copago farmacéutico, por otra parte, sigue motivando las quejas de los ciudadanos, especialmente de algunos pacientes que, a pesar de encontrarse en una situación de gran vulnerabilidad, social y económica, no alcanzan a entender cómo pueden tener asignado un tipo de aportación farmacéutica igual a la de un trabajador en activo", señala en un informe.
Destaca en esta materia la situación de personas con un grado de discapacidad muy alto, incluso superior al 90 por ciento, para las que la legislación actual señala el deber de abonar el 40 por ciento de los medicamentos que precisan, no disponiendo apenas de ingresos propios.
A finales de 2017, como mencionó en el anterior informe anual, esta institución volvió a plantear estas recomendaciones al Gobierno, actualizando el contenido de resoluciones anteriores, pero el entonces Ministerio de Sanidad no aceptó la recomendación, pero dejaba entreabierta la posibilidad de estudiar la aprobación de nuevos tramos de renta para determinar el tipo de copago y hasta la exención para un determinado nivel de ingresos mínimos.
Por otro lado, sí se anunciaba el encargo de un estudio para evaluar el impacto del modelo de copago farmacéutico, para los pacientes y para los objetivos de contención de gasto farmacéutico, cuestión que también había sido objeto de una Recomendación institucional.
Transcurridos varios meses, en los que se produjo un cambio de titularidad ministerial, finalmente se recibió un nuevo informe del Ministerio de Sanidad que recogía los nuevos objetivos del Gobierno, encaminados a eliminar barreras económicas para el acceso de los ciudadanos a los medicamentos.
En concreto, se señalaba que se incluiría en el Anteproyecto de Presupuestos Generales para 2019, la eliminación del copago para los pensionistas con rentas contributivas con cónyuge a cargo o por viudedad; e integrantes de familias con una renta anual por unidad de consumo inferior a 9.000 euros, con cargas familiares.
A la vista de esta respuesta, se dio por aceptada, aunque solo parcialmente, la recomendación formulada. Precisamente, en el momento de elaboración de este informe, se conoció el contenido del proyecto de Presupuestos Generales del Estado para el año 2019, que iniciaba su tramitación parlamentaria. Sin embargo, su contenido no coincidía con la información facilitada previamente por Sanidad, restringiendo el alcance de la modificación propuesta y, en consecuencia, el seguimiento de los aspectos que han sido reiteradamente objeto de recomendación por parte del Defensor del Pueblo.
Finalmente, el proyecto de presupuestos fue rechazado, y poco después convocadas elecciones, así la institución señala que retomará las actuaciones según los ciudadanos vayan planteando quejas.
