Decretan celebrar juicio con jurado por el caso de las pruebas a centros privados en Anatomía Patológica del Marañón

Hospital Gregorio Marañón
EUROPA PRESS
Publicado 19/10/2017 14:36:05CET

MADRID, 19 Oct. (EUROPA PRESS) -

El Juzgado de Instrucción número 12 de Madrid ha acordado que se celebre un juicio con tribunal jurado para el caso del presunto delito de malversación en las presuntas prácticas irregulares en el departamento de Anatomía Patológica del hospital Gregorio Marañón para realizar biopsias y citologías de pacientes de clínicas privadas.

Fuentes jurídicas han explicado a Europa Press que la titular del Juzgado ya ha dado traslado a las partes personadas de la decisión de celebrar juicio con jurado popular para resolver la causa.

Además, apunta también que se ha solicitado la práctica de nuevas pruebas añadidas y que sobre alguna de ellas se ha presentado recurso ante la Audiencia Provincial, que deberán resolverse.

En un auto emitido en abril, el juzgado consideraba que existen indicios de posible delito de malversación en las presuntas prácticas irregulares y acordaba continuar la causa para que sea enjuiciada por un Tribunal del Jurado.

En este sentido, el tribunal considera que existen indicios de presunto delito de malversación en cuatro facultativos, que resultan imputados en un tipo penal que debe ser enjuiciado por el Tribunal del Jurado.

A raíz de la denuncia presentada por CCOO de Madrid ante la Fiscalía, el tribunal entiende que los informes realizados revelan indicios de que se han realizado en este departamento del hospital pruebas que eran de pacientes de varias clínicas privadas.

El juzgado sospecha que en el servicio de Anatomía Patológica del Marañón, por medio del laboratorio de Inmunohistoquímica, se llevaron a cabo análisis de muestras de clínicas privadas, sobre todo biópsias y citologías, pruebas "muy costosas".

Para ello, se apoyaba en un informe de la Inspección de Sanidad que confirma la realización de técnicas de inmunohistoquímica a pacientes del Hospital Nuestra Señora del Rosario y del Hospital San Rafael en el laboratorio mencionado.

En el caso del Hospital Nuestra Señora del Rosario, el juzgado detallaba que en el servicio de Anatomía Patológica está contratado un facultativo que factura servicios directamente a los clientes y a las compañías aseguradoras. Este doctor desarrolló su actividad como patólogo del Gregorio Marañón hasta 2012, cuando se jubiló.

No obstante, el juzgado apuntaba que dos de los facultativos investigados trabajan en jornada de tarde en las dependencias del Servicio de Anatomía Patológica del mencionado hospital privado y también en el Gregorio Marañón.

En el caso del Hospital San Rafael, el centro tiene contratado su servicio de Anatomía Patológica con el Instituto DR Álvarez, cuyo titular es Emilio Álvarez Fernández, otro de los facultativos investigados y que desarrolló su actividad como jefe del Servicio de Anatomía Patológica del Gregorio Marañón hasta septiembre de 2014.

El juzgado ve indicios de que entre enero de 2014 hasta el 21 de marzo de 2015 se realizaron pruebas técnicas en el Gregorio Marañón para 26 paciente del Hospital Nuestra Señora del Rosario y a otros 271 pacientes entre enero de 2012 y marzo de 2015 a otros 271 pacientes, con un total de 1.701 pruebas practicadas.

En el caso del Hospital San Rafael, la cantidad es de 138 pacientes de este centro entre enero de 2014 a marzo de 2015 y otros 173 pacientes entre enero de 2012 y marzo de 2015, con 1.069 técnicas realizadas utilizando los medios del Gregorio Marañón.

"Para la práctica de estos análisis de pacientes ajenos al Hospital Gregorio Marañón era necesaria la colaboración, además de los médicos mencionados que trabajan en el mencionado servicio, de la técnica de laboratorio, sin perjuicio de la intervención de otras personas", exponía el auto de abril para recalcar que esta técnico trabaja en laboratorios de dos facultativos investigados.

Además, el director general de la Inspección de Ordenación de la Comunidad de Madrid remitió un informe al juzgado en el que determinada el coste de las técnicas realizadas de forma indebida a pacientes de centros privados en 62.474 euros, con un total de 2.701 pruebas indebidas. Los investigados depositaron en el juzgado un total de 41.860 euros.

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