Se decidirá si se sigue adelante con la transformación de la mutua o si se externaliza el servicio en otra compañía nueva
MADRID, 19 Dic. (EUROPA PRESS) -
La decana del Ilustre Colegio de Abogados de Madrid (ICAM), Sonia Gumpert, ha criticado este jueves que se esté "politizando" el proceso de externalización del servicio médico de los abogados, planteándose como "un debate político o unas elecciones" con el fin de dañar la imagen de la Junta de Gobierno.
Los colegiados deberán votar esta tarde en una Junta Extraordinaria el futuro de su servicio médico con dos propuestas alternativas. La transformación de la antigua Mutua, que funcionaba desde 1954, se inició el 7 de noviembre de 2011 cuando se aprobó que se externalizaría el servicio en una compañía concreta.
Este acuerdo se aprobó en aras a adecuar "el modelo de gestión del Servicio Médico a la evolución en el número y complejidad de los servicios prestados sin condicionar el equilibrio económico-financiero del ICAM".
"Se está politizando el proceso y éste es un debate técnico", ha aseverado Gumpert a Europa Press en relación a aquellos que están acusando a la decana de querer privatizar este servicio. Así, ha explicado que cuando la nueva Junta llegó al Gobierno del ICAM, hace justo un año tras las polémicas elecciones, el acuerdo estaba ya parcialmente ejecutado.
"Nos tocaba ejecutar el final de este acuerdo y, en esa labor, surgen cuestiones que creemos que se deben someter a votación de los colegiados", ha señalado. "Una de esas cuestiones es por pura razón democrática por la obligación de pago asumida frente a la Mutua, una cuestión que no se sometió a la voluntad del voto. Y creemos que tiene que ser refrendado por los colegiados", ha dicho.
Así, ha detallado que estar tarde se votará si se sigue adelante con ese proceso de transformación de la Mutua. En el caso de que los colegiados no refrenden esa opción, la Junta someterá a votación la externalización del servicio en otra operadora, dado que el colegio no puede quedarse con el servicio.
En esta línea, ha insistido en que no está a favor de ni una ni otra medida, sino de que se voté a la voluntad de los colegiados. "Se trata de cuestiones técnicas de gestión del servicio médico. Estamos llevando a cabo esta votación por transparencia y para que los colegiados decidan. Si no se vota esa propuesta, tenemos que tener un plan B", ha destacado.
"Si la propuesta de la Junta de seguir con la transformación de la Mutua sigue adelante, queremos que todo esté correcto, consensuado y votado. Si no sale adelante, no queremos que el tema se quedé colgado", ha reseñado.
EN CONTRA DEL PLAN B
Varios de los asociados están en contra de la supuesta privatización del servicio y defienden que se mantenga el actual modelo de Mutua gestionado por una sociedad que no busca el lucro.
Entre los detractores destaca el propio vicedecano, Manuel Valero, quien ha publicado una carta en las redes sociales en la que pide a los colegiados que voten en contra de la propuesta de Gumpert.
"Por todo ello, os invito a que votéis en contra de la propuesta que suponga externalización del Servicio Médico a una operadora sanitaria privada", recoge el texto.
SERVICIO DE CALIDAD
Los detractores a privatizar el servicio médico sostienen que éste lleva "59 años dando servicio de calidad a más de 25.000 colegiados y sus familiares".
Según fuentes jurídicas, la postura que defiende el actual consejo de la Nueva Mutua, liderada por el exdecano Antonio Hernández-Gil, está a favor de continuar con el sistema actual, manteniendo los servicios y el nivel de prestaciones. Se quiere continuar con la transformación de la nueva mutua, un proceso aprobado en noviembre de 2011.
En la Junta Extraordinaria, se tendrá que votar entre seguir con el proceso actual o vender el servicio "a una gran empresa privada", según las mismas fuentes. Ésta última opción conllevará a que las decisiones de los servicios las tome una empresa privada y no los colegiados.
Otra de las consecuencias de la externalización del servicio médico de los abogados será el incremento de cuotas. Ahora, un abogado paga alrededor de 400 euros al año por este servicio.
La postura del consejo de la Nueva Mutua coincide con la de 50 colegiados que ha presentado una proposición para ser votada en la Junta que plantea seguir con el modelo de transformación en marcha.
Así, rechazan la nueva mutua, ya que a su juicio "no se garantizan las prestaciones en su nivel actual, ni el cuadro médico existente, ni se garantiza la gratuidad para los colegiados antiguos ni para los empleados".
