CECOVA estudiará "acciones legales contra los responsables sanitarios de este expediente"
VALÈNCIA, 27 Mar. (EUROPA PRESS) -
La consellera valenciana de Sanidad Universal, Carmen Montón, ha explicado este lunes que se va investigar el caso de una enfermera del Hospital Clínico de València que se negó a administrar un medicamento biopeligroso a un paciente porque estaba embarazada pero que no había comunicado esta condición para poder poner en marcha los protocolos de seguridad porque "nunca puede un paciente dejar de recibir su tratamiento por ningún condicionante".
Por su parte, CECOVA ha rechazado el expediente incoado contra dos enfermeras y ha anunciado que estudiará "acciones legales contra los responsables sanitarios de este expediente y en defensa de la seguridad de los profesionales y pacientes".
Montón, tras una visita al hospital La Fe, ha explicado que el supervisor de planta elevó esta situación al gerente y éste a la conselleria y que se va a investigar lo sucedido porque es "muy grave que se ponga en riesgo el tratamiento de un paciente". "Un paciente no recibió de manera adecuada su tratamiento y estos es algo que en la sanidad pública valenciana no puede ocurrir", ha recalcado.
En ese sentido, ha recalcado que esta enfermera no comunicó que estaba embarazada y por tanto no se pudo poner en marcha "todos los protocolos que existen para las mujeres embarazadas en la sanidad pública valenciana" y que permiten desde una adaptación de su puesto de trabajo, modificar el lugar donde trabaja o incluso coger una baja.
En ese sentido, ha incidido en que en Recursos Humanos de la conselleria hay "muchas fórmulas y amplias para que los profesionales puedan desempañar su labor sin poner en riesgo el tratamiento de los pacientes". Sin embargo, "como no se tenía esta información no se pudo actuar".
Además, ha recalcado que la sanidad pública valenciana tiene "todas las garantías para la manipulación de todos los medicamentos incluidos los biopeligrosos".
ACCIONES LEGALES
Por su parte, el Consejo de Enfermería de la Comunidad Valenciana (CECOVA) ha rechazado el expediente disciplinario incoado contra dos profesionales de Enfermería del Hospital Clínico de Valencia, una de ellas una mujer embarazada.
Según CECOVA, la infracción imputada se basa en el hecho de que "pidieron que se cumpliera" el Protocolo de Manipulación de Medicamentos Peligrosos fuera de las Unidades de Farmacia ante "el encargo de preparar una mezcla que debía haberse preparado en unas condiciones que no se facilitaron".
Ante este protocolo se presentaron una serie de alegaciones que pedían, entre otras cuestiones, que "se retirase la parte del documento que hace referencia a la preparación de medicación peligrosa fuera de Farmacia".
Por ello, desde el CECOVA se están estudiando las acciones legales que correspondan para "verificar las posibles responsabilidades derivadas de la decisión de proceder a la apertura de este expediente y en defensa de la seguridad de los profesionales y los pacientes".
En particular, han cuestionado el concepto de "urgencia", incluido en el Protocolo que rige estas actuaciones y "cuya imprecisión se denunció en su día, sirva para amparar conductas contrarias a la seguridad en el trabajo".
"Causa preocupación que en lugar de investigar a los responsables de ordenar una preparación farmacológica que pone riesgo la salud de los profesionales se sancione a estos por poner en evidencia incumplimientos del Protocolo y ejercer el legítimo derecho a preservar su salud", ha señalado.
Al respecto, ha recordado que este problema se transmitió a la anterior responsable de la Dirección General de la Alta Inspección Sanitaria, María Luisa Roselló, que ha sido sustituida por Isabel González y a la cual también se le ha pedido una entrevista "de la que no se tiene respuesta todavía".
Desde el CECOVA han insistido en que el actual Protocolo "no protege a los profesionales" y han pedido su retirada. "La preparación de este tipo de medicamentos fuera de Farmacia les deja totalmente desprotegidos, por lo que donde tiene que hacerse es en cabinas de seguridad biológica, que están solo en Farmacia", ha señalado.
Además, apuntan que actuaciones como esta que "exponen a un evidente riesgo a una mujer embarazada y a su hijo gestante ponen en evidencia el compromiso con la Sanidad Pública y también con los derechos de la mujer". "Apostar por la sanidad pública debería suponer proteger la salud de los profesionales, defender los derechos de la mujer no es coherente con abrir un expediente a una enfermera y poner en riesgo su embarazo y la salud de su futuro hijo", ha apostillado.
