CATSALUT

Cataluña.- Indemnizan con 800.000 euros a una mujer cuya operación de vesícula derivó en amputaciones

El Defensor del Pacientes presenta dos casos de supuesta mala praxis médica
EUROPA PRESS
Actualizado 13/02/2013 15:10:36 CET

Un caso similar será juzgado en mayo tras no alcanzarse un acuerdo entre las partes

BARCELONA, 13 Feb. (EUROPA PRESS) -

El Servicio Catalán de la Salud (CatSalut), a través de la aseguradora Zurich, ha acordado el pago de 800.000 euros de indemnización a una mujer por la mala atención médica que recibió en el curso de una operación para extirparle las piedras de la vesícula, y que derivó en la amputación de todas las falanges de sus cuatro extremidades.

En rueda de prensa celebrada en la sede en Barcelona del Defensor del Paciente --asociación que ha llevado las negociaciones--, la familia afectada ha explicado un caso que se produjo en julio de 2011 en el Hospital de Sant Pau i Santa Tecla de Tarragona, cuando la mujer, Rosa Norma P.V., tenía 58 años.

En el transcurso de una intervención quirúrgica "sencilla", y que se realizó por vía laparoscópica, se produjo la perforación del intestino, lo que obligó a los servicios médicos del centro a practicar otras dos operaciones adicionales en el transcurso de las horas siguientes, y que dejaron a la paciente ingresada en la UCI.

El desarrollo de una infección, y la administración de un medicamento --noradrenalina-- que permitiera mantener la tensión elevada de la mujer en los momentos más críticos, dio paso a un proceso de necrosis que obligó a la amputación de las falanges y que obliga a la mujer a utilizar permanentemente una bolsa para expulsar las heces.

Su hija, Rosana S.P., ha explicado que las secuelas de la operación obligan a la familia a mantener una atención constante en la mujer, con el intestino muy afectado y una "operación pendiente" por la insuficiencia grave que tiene en un riñón.

"¿De qué sirve el dinero que le han dado si la veo llorar todos los días?", se ha preguntado la joven, en una intervención en la que ha mostrado su indignación, rabia, dolor e impotencia por un caso que, a su juicio, no fue debidamente tratado y que a pesar de la indemnización económica nadie podrá recompensar nunca.

El Defensor del Paciente ha presentado también el caso similar de una mujer de 63 años, a la que la infección provocada en una intervención para extraerle un cálculo alojado en la vía urinaria le ha ocasionado la pérdida total de sus cuatro extremidades, que también le fueron amputadas por la necrosis que se produjo.

En este caso, ocurrido en noviembre de 2010, no se ha llegado a un acuerdo y está previsto que se celebre el primer juicio en mayo, en el que la asociación pedirá una indemnización de 1,3 millones de euros --por no interferir en el proceso solo han señalado que el caso se dio en la provincia de Barcelona--.

La mujer, Gloria P., ha explicado que la mala interpretación de una radiografía que se le practicó en el servicio de urgencias llevó al médico a determinar que sufría acumulación de heces y la mandó a su casa, por lo que no fue hasta un nuevo ingreso, al día siguiente, cuando el hospital le practicó la ecografía que determinó el alcance de la lesión y que provocó la derivación de la paciente a otro centro, donde estuvo ingresada durante cerca de medio año, hasta que no recibió el alta tras practicarle las amputaciones.

TASAS JUDICIALES

La presidenta de la asociación, Carmen Flores, ha deplorado el funcionamiento del sistema sanitario en estos casos, que ha achacado en parte a los recortes presupuestarios, y ha solicitado la "inhabilitación" de los médicos responsables cuando la mala praxis esté probada.

Los abogados José Aznar y Matilde Barrabés, por su parte, han lamentado que con la reforma judicial "totalmente injusta" del Gobierno estos dos casos hubiesen sido muy difíciles de llevar, ya que habrían tenido que abonar unos 6.500 euros en concepto de tasas en el inicio del proceso.

Por ello, han exigido al ministro de Justicia, Alberto Ruiz-Gallardón, --quien ha anunciado que replanteará las tasas-- que elimine el pago en los casos en los que se produzcan accidentes de tráfico y lesiones médicas no queridas, y que en ellos tampoco se produzca la imposición de costas a los afectados en caso de que no ganen el juicio, ya que pueden ascender a 100.000 euros, un castigo adicional a las secuelas que ya padecen.

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