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La Casa Blanca podría endurecer el debate sobre el uso recreativo de la marihuana

Donald Trump
CLÍNICA CURULL
Publicado 24/02/2017 18:10:21CET

NUEVA YORK, 24 Feb. (Reuters/EP) -

El Gobierno de Donald Trump podría endurecer el debate sobre la regulación del consumo recreativo de la marihuana y provocar un conflicto en aquellos estados donde esta droga se ha legalizado, según ha reconocido un portavoz de la Casa Blanca.

Actualmente una docena de estados han legalizado el consumo de esta sustancia, bien con fines terapéuticos o de ocio, una distinción en la que ahora podría incidir el nuevo Ejecutivo, según ha reconocido el portavoz Sean Spicer.

"Hay una gran diferencia entre el uso médico, que no tiene nada que ver con el uso recreativo, algo que el Departamento de Justicia seguirá investigando", ha reconocido este portavoz que prevé "una mayor aplicación" de la ley durante el gobierno Trump.

La marihuana sigue siendo ilegal bajo la ley federal, pero se ha legalizado para uso recreativo en ocho estados, incluyendo Washington, Colorado y California, así como en el Distrito de Columbia.

Sólo el año pasado, las ventas legales alcanzaron los 7.000 millones de dólares (unos 6.600 millones de euros) y generó unos 500 millones en impuestos (unos 472 millones de euros).

Las declaraciones coinciden con la publicación de una encuesta de la Universidad Quinnipiac en Hamden, en el estado de Connecticut, que mostró que el 71 por ciento de los votantes registrados prefiere permitir a los estados decidir si la marihuana debe ser legal.

El trabajo, realizado a partir de una muestra de 1.300 personas, muestra como sólo el 23 por ciento está a favor de que el Gobierno aplique la ley federal en aquellos estados que ya han regulado su consumo, sea medicinal o recreativo. Además, un 59 por ciento estaba a favor de su legalización.

Las declaraciones de Spicer ya han provocado la reacción de la Asociación Nacional dela Industria del Cannabis, cuyo director ejecutivo, Aaron Smith, cree que "sería un error" que el Departamento de Justicia contradijera "la voluntad de los votantes y los gobiernos estatales".

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